Las conselleries de Agricultura y Pesca y de Asuntos Sociales se van a encargar de comprar a ganaderos y agricultores de las islas sus excedentes, principalmente hortalizas, frutas y lácteos, con el doble objetivo de ayudar al sector primario en un momento en el que la demanda ha caído a causa del cierre de hoteles y restaurantes por el coronavirus, y de garantizar el suministro de alimentos a los colectivos más desfavorecidos, medida que fue aprobada ayer por el Consell de Govern.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, recordó que este sector ha perdido el 70% de la comercialización de sus productos debido a la paralización de los grupos empresariales antes señalados. Este hecho está generando importantes excedentes, que en el caso de frutas y hortalizas serán adquiridos a productores, cooperativas y sociedades agrarias de transformación, mientras que la leche se comprará a industrias agroalimentarias. Todo ello con contratos a través de la empresa pública TRAGSA, con cantidades que se irán determinando dependiendo de las necesidades existentes.

La conselleria de Agricultura se hará con estos productos, y será la de Asuntos Sociales la que determinará a qué colectivos se entregan, ante el fuerte aumento de la población vulnerable y en riesgo de exclusión social que ha generado la paralización de la actividad económica en muchos sectores.

Una necesidad básica

En este sentido, Pilar Costa subrayó que no hay necesidad más básica que la de la alimentación, de ahí la decisión de repartir estos productos entre entidades sociales dedicadas a ayudar a los colectivos más desfavorecidos.

De este modo, la entrega de los citados excedentes se hará a familias con dificultades económicas y a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que determine el departamento de Asuntos sociales.

El acuerdo adoptado ayer busca también crear el marco legal para que la adquisición de estos productos pueda realizarse de forma ágil.

Desde el Govern se recordó que los sectores agrícola, ganadero y pesquero son "estratégicamente indispensables para el suministro de alimentos frescos a la población" y que "la producción de alimentos a partir de explotaciones agrarias pequeñas y medianas, distribuidas por toda la geografía balear, resulta indispensable para el mantenimiento del tejido económico y social y para el abastecimiento, y tiene que ser el foco de atención prioritario en la agenda política para afrontar la crisis provocada por la Covid-19".