El Govern está trabajando en un acuerdo con las diferentes administraciones para recortar sueldos a los altos cargos o incluso reducir la plantilla de dirigentes políticos. La consellera de Presidencia y portavoz, Pilar Costa, ha explicado hoy que "esta no es una decisión que se tome en solitario por parte del Govern, debe estar consensuada con el resto de administraciones". También ha indicado que en "la revisión total del presupuesto de la Comunidad Autónoma, se acometerá esta cuestión" de los sueldos o incluso de un recorte de altos cargos.

Así lo ha manifestado Costa a preguntas de este diario. En este mismo sentido, la portavoz del Govern ha explicado que "en estos momentos se precisan "administraciones eficientes" para poder hacer frente a la emergencia que vivimos por la pandemia del coronavirus. Lo que no especificó Costa es si este acuerdo sería a nivel de las administraciones de Balears o esperarían a que se tomara a nivelo nacional, tal y como ocurrió en 2011 por la crisis económica. Hay que recordar que el Govern negó en un primer momento la posibilidad de recortar altos cargos o bajarse el sueldo, pero vista la situación con 200.000 trabajadores incluidos en Expedientes de Regulación Tempora de Empleo (ERTE) y congelaciones salariales, no le quedará otro remedio que realizar algún gesto para dar ejemplo.

Sánchez prometió a Armengol estudiar el desconfinamiento territorializado

Por otra parte, también se le ha preguntado a la consellera Costa sobre la negativa del Gobierno central a que Balears, a raíz de que son unas islas y de la bajada de contagios, pudiera levantar antes las restricciones por la pandemia. La portavoz del Govern ha dicho que "debemos ser claros y contundentes ante un posible desconfinamiento y el mensaje debe ser de prudencia y tomar decisiones en base a los comités de expertos". No obstante, Costa ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó a la presidenta Francina Armengol "que estaba dispuesto a estudiar un desconfinamiento territorializado". Una posibilidad que ayer descartó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y se mostró partidaria de la "desecalada asimétrica" en toda España.