Los abogados creen que no se podrá atender a todas las demandas que vendrán

El colectivo de abogados de Balears se está movilizando para dar una respuesta conjunta a la grave situación social que se tendrá que afrontar, una vez que se concluya el periodo de emergencia sanitaria. Los abogados se muestran muy pesimistas porque temen que los juzgados de las islas, que históricamente han venido sufriendo una carencia de medios, no tendrán capacidad para resolver las miles de demandas judiciales que se presentarán como consecuencia de la epidemia del coronavirus.

Estos profesionales llevan más de un mes sin poder ejercer la profesión, pese a que se considera un colectivo esencial. Solo pueden intervenir en actuaciones urgentes, si bien en los últimos días también han podido ir presentando escritos en el juzgado, aunque se tardará mucho tiempo en ser resueltos.

Martí Aleñar, el decano de los abogados, recuerda que el hecho de que la administración judicial lleve más de un mes prácticamente parada, actuando solo en los casos más urgentes, ha supuesto un duro perjuicio para el colectivo, tanto desde el punto de vista profesional como económico.

La falta de medios informáticos ha obligado a los funcionarios judiciales a permanecer en sus casas, ya que no pueden tramitar. El decano de los abogados cree que se debería acelerar la maquinaria judicial e ir retomando la normalidad, y que por ello es necesario que el ministerio de Justicia facilite medios informáticos a sus funcionarios, para que puedan ir tramitando. Aleñar recuerda que en la mayoría de actuaciones no es necesaria la presencia del abogado, ni tampoco del denunciante, por lo que todo este trabajo de tramitación se podría ir avanzando si se contara con menos técnicos para ello. "Aceptamos que de momento no se hagan juicios, pero no entendemos cómo no se han facilitado herramientas a los funcionarios para que puedan hacer teletrabajo".

Ante el complicado futuro judicial que se avecina, el Consejo General del Poder Judicial presentó un documento de posibles soluciones de cara al futuro. Una de ellas fue la posibilidad de ir reduciendo el número de demandas, así como de recursos a las resoluciones judiciales. Para Martí Aleñar, esta solución que se propone es inaceptable porque representa un cambio del ordenamiento jurídico que no ha sido aprobado. "Por vía de urgencia pretenden cambiar las normas e intentan limitar el acceso de los ciudadanos a la administración de Justicia y es una situación que los abogados no vamos a aceptar", señala.

Otra de las propuestas que han planteado los abogados es que también creen que tienen derecho, como trabajadores, a recibir ayudas económicas del Estado. La mayoría de letrados cotiza a través de la mutua de la abogacía, que podría equiparse a la cuota de autónomo. El decano Aleñar afirma que también se debería aplazar esta cuota de la mutua, ya que son muchos los abogados que se han visto abocados a una complicada situación económica por falta de ingresos.

Aleñar recuerda la importancia que tendrá a partir de ahora la figura del abogado, porque la crisis económica que se avecina se traducirá en miles de conflictos, de distinta naturaleza, que tendrán que resolverse en los juzgados. El decano está convencido de que antes del verano los juzgados recibirán un alud de demandas de diferente tipo, desde quiebras de empresas, denuncias de incumplimiento de contratos o despidos de trabajadores. Por ello, el decano cree necesario que se dediquen más medios a la Justicia.