El cese de la actividad iniciado en las islas el 14 de marzo con la entrada en vigor del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus ha supuesto en cuatro semanas una pérdida acumulada de 612,14 millones de euros, cifra que equivale al 2% del PIB regional anual, según la Fundació Impulsa Balears.
"Es urgente encontrar una estrategia de salida a las actuales restricciones", advierte el director técnico de Impulsa, el economista Antoni Riera. Por ello, desde la Fundació que preside Francina Armengol se aboga por levantar las restricciones de actividad y movilidad para evitar "el colapso económico". Este planteamiento se hace tras evaluar cuatro escenarios e Impulsa se decanta por ese en el que se delimitarían zonas seguras.
La Fundació destaca que el impacto negativo de la pandemia se ha incrementado, especialmente, durante esta última semana, coincidiendo con la Semana Santa, cuando las restricciones de actividad y movilidad del 6 al 12 de abril han supuesto la pérdida de 277,26 millones de euros sobre el producto interior bruto de Baleares, según se informa en un comunicado.
Riera avisa de que prever el impacto económico derivado de la pandemia "es una tarea imposible, los actores económicos no pueden renunciar a detectar y anticipar escenarios, aunque sólo sea en forma de alternativas, ante las difíciles y complejas decisiones que administraciones, empresas y familias deberán tomar de ahora en adelante".
Y puesto que se están reduciendo los nuevos de casos de contagio, el economista opina que "existe una necesidad urgente de encontrar una estrategia de salida a las actuales restricciones de actividad y movilidad que permita solucionar la crisis sanitaria y, al mismo tiempo, -advierte- que la destrucción económica, social y anímica sea la menor posible".
Así las cosas, la Fundació Impulsa hizo público ayer el informe Fijando escenarios: causas e impactos, en que se exponen las causas e impactos asociados a cuatro escenarios de restricción de la actividad y la movilidad, calculados con diferente alcance temporal y sectorial.
Repasa en ese análisis la Fundació que las fuertes restricciones en la primera etapa de emergencia de la epidemia era "la única estrategia factible para aplanar la curva de contagios" y al mismo tiempo evitar que condujeran a una sobrecarga del sistema sanitario. Aun así, se considera que esas restricciones son insuficientes para controlar la pandemia, además de que imponen "un elevado coste económico y social que "ni administraciones, empresas y familias podrán soportar durante 10 o 18 meses", el tiempo estimado para contar con una vacuna y su administración a la población.
Cuatro escenarios
Con las medidas dirigidas a empresas y familias no se ha evitado el impacto económico derivado de las restricciones, y se puede derivar en una depresión económica "de gran impacto a largo plazo".
Impulsa dibuja cuatro escenarios: uno, mantener las restricciones hasta tener la vacuna; dos, una relajación de aquellas (prohibiendo grandes aglomeraciones); tres, contar con permisos de movilidad (haciendo test rápidos y limitando movimientos de infectados) y el cuarto, zonas de actividad y movilidad seguras, con pruebas masivas de PCR. Este último es el que defiende.
Los escenarios
Restricciones hasta la vacuna: hibernación
Limitaciones generalizadas entre 12 y 18 meses, con un colapso económico: más de 300.000 parados y menos un tercio del PIB en 2020, que desembocaría en depresión económica en 2021, impidiéndose cualquier recuperación"
Relajación gradual de las limitaciones
Con restricciones intermitentes entre un año y año y medio, también se prevé el colapso económico, con 250.00 desempleados y una caída de un cuarto del PIB. Se dibuja el próximo año un impacto de depresión económica sin recuperación.
Permisos de movilidad
Habría restricciones individuales durante más de tres meses, lo que supondrían entrar en 'shock' económico este año: 175.000 parados y un caída de una sexta parte del PIB. La situación sería de recesión en 2021, con 75.000 desempleados.
El elegido: con restricciones zonales
Impulsa aboga por establecer zonas seguras, lo que implicaría este año 125.000 parados y el próximo, más de 50.000 desempleados. Incluye sistemas de cribado en aeropuertos y puertos y se considera viable en pocas semanas, con rastreo de personas.
