El registro civil de Palma no cuestiona que el número de personas que han muerto como consecuencia del coronavirus y que se comunican a través de las autoridades sanitarias, coincida con el número real de fallecidos. Por esta razón, según señalaron ayer fuentes judiciales, ningún juez de Palma, a diferencia de otras comunidades autónomas, ha ordenado que se investigue un posible desfase en cuanto al número real de víctimas de la pandemia.

Esta polémica ha surgido en Castilla la Mancha. Un juez ordenó una investigación, al comprobarse que las licencias para enterrar a fallecidos, no coincidía con el número de personas que habían muerto infectadas por el virus, que comunicaban las autoridades sanitarias. De hecho, se confirmó que el número de licencias de enterramiento que habían sido tramitadas por los registros civiles de la región, durante el periodo de contagio del virus, era de 1.921. Sin embargo, las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio de Sanidad de víctimas que habían muerto en esta comunidad autónoma, era de 1.132 . La diferencia de datos fue la principal causa por la que el juez ordenó abrir una investigación, para aclarar este desfase y, sobre todo, para comprobar si había más víctimas del coronavirus que las que reconocían las autoridades sanitarias.

Sin embargo, esta situación denunciada en Castilla la Mancha no se ha detectado que se haya producido también en Mallorca.

Desde que se declaró hace más de tres semanas el estado de emergencia sanitaria, las distintas sedes del registro civil de Balears están siguiendo a rajatabla las indicaciones que ha marcado el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. A pesar de que se han limitado las actuaciones de los juzgados, debido al obligatorio confinamiento, el registro civil de Palma continúa trabajando casi con normalidad, dado que se trata de un servicio esencial , debido a que se encarga de la tramitación de las autorizaciones para enterrar a las personas que han fallecido como consecuencia del virus. Este juzgado informa a diario a Madrid del número de entierros que son autorizados, para que desde el Ministerio se realice la estadística de fallecidos por este virus.