Los abogados de Mallorca, ante la falta de actividad judicial debido a la declaración de emergencia sanitaria por coronavirus, han realizado un comunicado conjunto para solicitar que también se beneficien de las ayudas públicas, porque estas últimas semanas su nivel de ingresos, no así de gastos, es prácticamente nulo.

Según este comunicado, un gran porcentaje de los profesionales de la abogacía no son trabajadores por cuenta ajena, ni tampoco autónomos que cotizan en el régimen especial. Estos profesionales realizan sus cotizaciones a través de la Mutualidad de la Abogacía y en el decreto por el que se declara el estado de emergencias, no se tuvo en cuenta esta circunstancia.

Los abogados de Mallorca señalan que el colectivo ha quedado “en una situación de desprotección”, ya que estas semanas tienen que hacer frente a numeroso gastos fijos, como por ejemplo el pago del alquiler del despacho, la factura de luz y agua, así como el abono de los impuesto y de la cuota de la Mutualidad de la Abogacía. Frente a estos gastos, no reciben ningún tipo de ingreso, una situación que se puede prolongar durante varios meses.

Ante esta dramática situación los abogados que dirigen pequeños despachos reclaman su derecho a recibir la misma o similar ayuda del resto de trabajadores que pueden acceder a las ayudas por ser autónomos. Quieren aclarar que no se trata de ayudar a la Mutualidad de la Abogacía, sino de que los letrados puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto de ciudadanos, y que también dispongan de ayudas públicas, como lo han hecho otros colectivos de trabajadores.

Se recuerda que la abogacía está cumpliendo con las obligaciones que están marcadas por la ley, y continúa su trabajo de asistencia a detenidos a través del turno de oficio, así como intervención en causas con preso y que acuden con frecuencia al juzgado “sin la debida protección al virus y con verdadera protección”.

Este colectivo lo que exige es que el Gobierno, o la comunidad autónoma, se haga cargo del pago de la cuota de las distintas mutualidades y que esta ayuda se abone con efecto retroactivo desde la entrada en vigor del estado de alarma y que se mantenga hasta que se produzca la estabilidad económica de los profesionales de la abogacía.

También piden que se incluya la abogacía entre las actividades que puedan ser objeto de líneas de ayuda para poder soportar los costes del ejercicio profesional mientras se prolongue el estado de alarma.