Hasta hace tres semanas Lidia trabajaba mañana y tarde para una sola familia. Por la mañana iba a limpiar a casa de los padres. Por la tarde iba a casa de la hija, su marido y sus tres hijos. Los iba a buscar al colegio y después los cuidaba y se encargaba de distintos trabajos de limpieza. Cuando se decretó el Estado de Alarma, sus jefes le dijeron por WhatsApp que mejor que esas dos semanas se quedara en casa y que "ya hablarían".

A final de mes cuando se prorrogó el confinamiento, le dijeron que "no querían perderla", pero que no le podían mantener y seguir pagándole la Seguridad Social. Así, sin poner sobre la mesa otras opciones como han hecho otros empleadores, le rescindieron el contrato.

Y así empezó Lidia el mes de abril: con dos hijos que sacar adelante ella sola (una aquí y otro en su país natal) y con un alquiler que pagar, pero sin trabajo, sin nómina y sin derecho a paro.

Porque las empleadas del hogar, aunque tengan contrato, no tienen derecho a paro, una reivindicación de los sindicatos que hace años que arrastra y nunca acaba de llegar y cuya necesidad se pone de manifiesto ahora más que nunca.

"Yo lo veo muy oscuro, no quiero ni pensar en cómo voy a salir adelante", se sincera Lidia. En esta situación empezaron el mes muchas empleadas domésticas que han sido despedidas. Otras siguen trabajando.

Hace cuatro días conocieron que el Gobierno las había tenido algo en cuenta en el último paquete de medidas aprobado al incluir un subsidio para ellas.

La diferencia del contrato

Este salvavidas, entre que se gestiona y tramita, tardará más de un mes en llegar a sus bolsillos. Pero no al de todas, claro: las que trabajan en negro y sin contrato porque el empleador no ha querido hacérselo o porque ellas mismas lo han rechazado, ni siquiera pueden contar con ese colchón.

Es difícil saber qué porcentaje exacto del servicio doméstico forma parte de la economía sumergida. Cuántas nóminas se pagan en sobres sin control, cuántas 'horas sueltas' trabajadas no quedan registradas en ninguna base de cotización ni garantizan una mínima red de protección social.

En España hay más de 580.000 personas (la inmensa mayoría, mujeres) que trabajan como empleadas del hogar, llevando a cabo tareas de limpieza o cuidado, según los datos de la última encuesta de población activa (EPA). Sin embargo, en la Seguridad Social solo figuran 394.171 personas afiliadas en este régimen especial, que les da derecho a una cobertura en caso de paro además de cotizar para su pensión futura.

Según estos datos, una de cada tres trabajadoras dedicadas a la limpieza o cuidados en España lo hace de forma irregular.

En Balears, hay 9.800 mujeres dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadoras domésticas. ¿Cuántas más hay sin contrato?

Ema era una de ellas. Tenía trabajo en dos casas: en una tenía contrato y en otra se lo iban a hacer pero "se fue dejando" y al final nunca lo firmaron. Ni lo firmarán. En la casa en la que sí estaba asegurada trabajaba cuidando a una señora mayor, pero el hijo de ésta se quedó sin empleo, consecuencia también de la crisis del coronavirus, y ya no podía afrontar el gasto y le anunció que la cuidaría él mismo. Era mediados de marzo. Le quedaba su otro trabajo, atendiendo a otra señora mayor.

Pero Ema empezó a sentirse algo resfriada. Con la presión alta y problemas de azúcar, y habiendo pasado ya una neumonía previa, su doctora de cabecera la atendió por consulta telefónica ("una asistencia fantástica") y le recomendó que dejara de trabajar y se aislara en casa. Lo planteó a la familia y ésta lo asumió como una renuncia. Y así fue a confinarse Ema, sin trabajo ni ingresos a la vista.

"Por salud preferí protegerme, yo aquí no tengo a nadie: si me agarra el virus, ¿quién me va a cuidar?", explica. Ahora se siente "a la deriva", pero no se arrepiente de haber antepuesto su salud al trabajo: "La señora que cuidaba ahora tiene coronavirus, está en el hospital, seguramente yo también me hubiera contagiado".

Las empleadas sin contrato se encuentran con absolutamente nada. Pensando en ellas, y en la situación de otras mujeres en situaciones muy vulnerable como las que ejercen la prostitución , la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, anunció el otro día que se modificarán las condiciones para poder optar a la renta social.

Ampliar la renta social

Según sus cálculos, podrían beneficiarse 1.700 personas que se suman a las 8.600 que ya cobran esta ayuda de 560 euros. Para conceder las ayudas, señaló Santiago, se tendrá en cuenta el criterio de las entidades sociales que trabajan con estos colectivos: Cruz Roja, Casal Petit, Metges del Món y Cáritas.

Tanto Ema como Lidia están en contacto con Cáritas, a la espera de tramitar posibles ayudas que encajen con su perfil, aunque aún faltan muchas cosas por concretar.

Roser Juan, educadora social del área de ocupación de la entidad, explica a este diario que desde el inicio de esta crisis sociosanitaria ya han contactado con un centenar de empleadas del hogar, para hacerles llegar ofertas de trabajo (las pocas que hay ahora) y también para conocer su situación.

Muchas de estas mujeres llaman directamente a Cáritas "con muchas dudas". También algunos empleadores que contrataron a una de estas trabajadoras gracias al servicio de mediación de la entidad les han contactado para saber qué tienen que hacer.

"Hay mucha gente muy desamparada", cuenta la educadora y trabajadora social, que ha visto una gran variedad de casuísticas aunque la mayoría de mujeres con las que ha hablado "siguen trabajando", no siempre con garantías: muchas han tenido que pedir que les dieran mascarillas y guantes y otras directamente las han tenido que comprar ellas mismas. "La necesidad económica se impone al miedo a exponerse", indica.

No todas tienen miedo. Dolores, que prefiere no dar su nombre real, hace tres años que limpia la casa de una pareja y ahora lo sigue haciendo. El marido tiene que seguir yendo a trabajar y la mujer teletrabaja para una gran empresa. Le han dado guantes y han puesto un bote de gel desinfectante en la cocina: "No tengo problema, se lo dije desde el primer día, evito ir al despacho cuando está la señora, y cuando ella sale a tomar el café, yo me pongo los guantes y entro a limpiar ahí".

Otras han preferido dejar de trabajar: o tienen perfil de riesgo o viven con alguien que lo tiene.

En estos supuestos, hay jefes, como el de Ema , que lo han entendido como una renuncia y las mujeres se han ido con una mano delante y otra detrás. Pero también algunas familias han entendido las razones de su empleada y acordaron seguir pagándole sin ir a trabajar.

"Acordamos vacaciones"

Un matrimonio que prefiere no identificarse cuenta a este diario: "Nosotros somos mayores y el marido de Yolanda [nombre ficticio] tiene perfil de riesgo, y además tienen niños: por seguridad para todos acordamos primero que Yolanda tendría dos semanas de vacaciones y luego lo alargamos pero ahora que ha salido esto del subsidio no sabemos muy bien qué tenemos que hacer".

Roser Juan cuenta que tienen constancia de que algunos empleadores han fallecido, por el coronavirus, lo que deja a la trabajadora sin opción a esta prestación: "Desamparadas del todo".

La crisis sociosanitaria y económica de la Covid-19 pone el foco en los derechos que faltan a las trabajadores domésticas.

A diferencia de las camareras de piso o de las limpiadoras contratadas por empresas, las mujeres que trabajan en casas no cuentan con la fuerza del grupo para luchar contra posibles injusticias normativas o las que puedan producirse en los hogares (un terreno oculto para las autoridades laborales).

En Barcelona y Madrid existen sindicatos y asociaciones. Aquí de momento no existe ninguna agrupación y es Cáritas el punto de apoyo para muchas.

Algunas, "pocas", se han puesto en contacto con los sindicatos. "Se sienten aisladas, tratamos de llegar a ellas para que se sientan apoyadas", señala Xisca Garí, Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, que celebra que el Gobierno haya atendido sus demandas al aprobar el anunciado subsidio y llama la atención sobre cómo la precariedad volverá a cebarse especialmente con las mujeres en esta crisis.

Camino por luchar

Garí recuerda que España no ha ratificado aún el Convenio 189 de la Organizacion Mundial del Trabajo, que regula el trabajo y garantiza toda una serie de derechos para estas trabajadoras, algo que sí han hecho países como Italia o Portugal: "Sería parte importante de la solución para mejorar la situación de este colectivo".

El día 30 de marzo, en medio de este terremoto y con muchas de estas trabajadoras ya despedidas, se celebró el Día de la Empleada del Hogar. En un vídeo difundido por Cáritas, Elvia Rosa Barrios, que trabaja cuidando a una señora de 89 años, recuerda que ellas son "el eje principal" de muchos hogares españoles y pide a los empleadores que "se pongan la mano en el corazón" y les garanticen buenas condiciones.

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