El domingo 15 de marzo, el primer día en que se hizo efectiva la limitación de movimientos para tratar de frenar la expansión del coronavirus, los cuerpos policiales no pusieron ni una sola sanción por quebrantar el confinamiento y se limitaron a informar a los transeúntes que encontraban. Al día siguiente abrieron cinco actas de sanción en todas las islas. Desde entonces la cifra de apercibimientos por incumplir el decreto ha ido ascendiendo día a día. El pasado jueves fue el récord: 670 actas, lo que eleva la cifra total de propuestas de sanción desde que comenzó en confinamiento por encima de las 7.000. Y la tendencia va al alza. La gente se está relajando tras tres semanas encerrada en casa, pero los cuerpos policiales no. Y la Delegación del Gobierno lo advierte: en una semana crucial para doblar la curva de contagios, la presión policial se va a incrementar: más vigilancia, más controles, más agentes en las calles... y más sanciones.
El portavoz de la Delegación del Gobierno en Balears lo transmitió claramente ayer: las Fuerzas de Seguridad del Estado, en colaboración con las policías locales de Balears, han extremado todavía más los controles en calles y carreteras de las islas para garantizar el confinamiento domiciliario que establece el decreto del estado de alarma. La fuente recuerda que permanecer en casa supone la medida más efectiva para hacer frente a la pandemia. El objetivo final es evitar la propagación del coronavirus y ayudar así a salvar vidas.
Los agentes de los distintos cuerpos policiales abrieron el jueves 670 actas de sanción. De ellas, la mitad -325- se incoaron en Palma, por parte de Policía Nacional y Policía Local. La mayoría se refieren a personas que permanecían en la calle sin causa justificada y que no atendieron a las reiteradas indicaciones de los agentes de regresar a sus domicilios.
La cifra de propuestas de sanción abiertas por quebrantar las restricciones derivadas del estado de alarma se han ido incrementando día tras día durante las últimas tres semanas. Al cuarto día de confinamiento, el 18 de marzo, ya había 152 propuestas de sanción en las islas. Ese domingo, 22 de marzo, la cifra se elevó a 512 propuestas de sanción, coincidiendo con los intensos controles de carretera para evitar los desplazamientos a segundas residencias. Las denuncias se elevaron por encima del millar el pasado fin de semana -días 28 y 29 de marzo-. Y durante los últimos días han ido in crescendo: 565 el lunes, 574 el martes, 620 el miércoles, y 670 el jueves, cifra récord por ahora. En los últimos días la Delegación del Gobierno ha hecho pública la petición de un nuevo esfuerzo a la ciudadanía para mantener el confinamiento en un momento considerado crucial para romper la tendencia al alza de la epidemia. Y avisa de que se van a extremar los controles policiales para garantizarlo.
También se han reforzado los dispositivos de vigilancia en las carreteras de las islas para evitar los desplazamientos innecesarios y trayectos a segundas residencias. El jueves se llevaron a cabo 400 controles repartidos en todas las islas, en los que se identificaron a 6.500 personas y 6.000 vehículos.
Vilafranca pide explicaciones al alcalde por saltarse el decreto
La oposición de Vilafranca de Bonany pidió ayer explicaciones al alcalde de la localidad, Montserrat Rosselló, después de que la Guardia Civil le abriera un acta de sanción por quebrantar el confinamiento decretado por la crisis del Covid-19. "Montserrat es la primera autoridad del pueblo y debe dar ejemplo", sostuvo Joan Nicolau, portavoz y miembro de ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB, formación que forma parte de la oposición.
En palabras de Nicolau, no se puede tolerar que un alcalde protagonice semejante escándalo. Por ello, desde su partido pidieron explicaciones al edil y advirtieron: "Si hace falta [reclamaremos] hasta su dimisión".
Los hechos acaecieron el jueves, cuando agentes de la Guardia Civil sorprendieron a Rosselló en una reunión no autorizada con otras dos personas más en un chalé de la localidad, después de recibir una llamada de varios vecinos que oían los ruidos que producían. Aunque estas tres personas manifestaron que habían estado trabajando, los guardias civiles consideraron que el encuentro no estaba justificado, por lo que les abrió un acta de sanción, con una cuantía mínima de 600 euros.
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