Los trabajadores familiares del Servicio de Ayuda a Domicilio de Cort reclaman servicios mínimos, debido a que no tienen Equipos de Protección Individual (EPI) para tratar con personas de riesgo de contagio por coronavirus. Los 1.070 usuarios de esta atención municipal son auxiliados por 170 profesionales, que temen que el contacto directo con ellos pueda exponerles a la infección. Por ello, piden a la concejalía de Bienestar Social tratar solo aquellos casos en que sea básico su apoyo.

Sin embargo, el Ayuntamiento explica que es uno de los servicios decretados como esenciales por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma para contener la pandemia del Covid-19. Por lo tanto, no pueden ser aprobados los servicios mínimos exigidos. Argumentan que "atienden a las personas más vulnerables de la sociedad, muy especialmente en esta crisis en la que los mayores son el colectivo de mayor riesgo", por lo que los 170 trabajadores de Palma adscritos al Servicio de Ayuda a Domicilio son para Cort "imprescindibles, obligatorios y tendrían que ir en aumento".

No hay material

Respecto a la falta de material para proteger a profesionales y usuarios de un posible contagio, Bienestar Social alega que es la empresa subcontratada quien lo debería suministrar, debido a que se trata de unos equipos básicos en cuanto a prevención de riesgos laborales. La concejalía añade que "los EPI que tiene o tenía se han utilizado o se están usando y si no hay más es porque están siendo repartidos por el ministerio de Sanidad y tienen prioridad los sanitarios; en segundo lugar, las residencias de la tercera edad; y después el Servicio de Ayuda a Domicilio".

Los denunciantes tienen el respaldo de las trabajadoras sociales encargadas de gestionar los casos, quienes "desde el primer día del estado de alarma reclaman poder evaluar caso por caso para ir solo a aquellos domicilios que sean necesarios", según una portavoz, que recalca que "bajo ningún concepto dejarían a nadie que lo requiera sin atender".

Sin embargo, como carecen de las medidas de protección, piden la disminución del servicio "con el propósito de reducir contagios entre el personal y los usuarios, que en todos los casos son población de riesgo". Además, critican que se niegue a las 14 trabajadoras sociales, tres administrativas y una directora del Servicio de Atención a Domicilio la posibilidad de teletrabajar, por lo que se convierten en otro foco más de propagación del virus.