Las demandas del Govern para que Madrid brindara una protección especial a los inquilinos de las islas han caído en saco roto. El Consejo de Ministros aprobó ayer un plan social para ayudar a los arrendatarios víctimas del actual derrumbe económico, pero sin atender las singularidades que la conselleria de Vivienda trasladó hace unos días al Gobierno.
El Govern había pedido un trato diferencial para los inquilinos de las islas teniendo en cuenta que el precio de los alquileres supera ampliamente la media estatal. Pero sus propuestas de elevar el umbral de las ayudas a rentas de hasta 900 euros y una atención preferente para inquilinos fijos discontinuos se han quedado fuera del paquete aprobado.
Los principales ejes del plan social para los inquilinos formalizado ayer son la suspensión de los desahucios hasta seis meses después de que se levante el estado de alarma; una prórroga de otro medio año de los contratos de vivienda habitual para evitar subidas abusivas; una línea de microcréditos avalados por el Estado y sin intereses a devolver en seis años; y ayudas directas de hasta 900 euros para los más vulnerables a la crisis.
Asimismo, el inquilino quedará exonerado del 50% del pago de la renta si su casero es "un gran tenedor" o una entidad pública.
Silencio del Govern
La conselleria de Vivienda declinó ayer hacer comentarios argumentando que todavía no se habían "evaluado a fondo" las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros. En todo caso, el Ejecutivo balear hizo una valoración positiva del paquete.
Precisamente el Govern presentará hoy una batería de medidas de ámbito insular que incluirá previsiblemente una moratoria o una rebaja de los alquileres del Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi). De formalizarse, esta iniciativa beneficiará a cerca de 1.800 familias que habitan los pisos de protección oficial del Govern, un colectivo particularmente vulnerable frente a la actual emergencia económica
Hay que recordar que el pasado mes de febrero el Govern ya eximió a los inquilinos del Ibavi del pago del impuesto del IBI, cantidad que desde entonces afronta la entidad que gestiona el parque de viviendas público de las islas.
El paquete aprobado ayer por el Consejo de Ministros satisface asimismo una de las grandes demandas de los hipotecados, ampliar la moratoria del pago de la cuota de la que ya disfrutaban de un mes a tres meses.
Por otro lado, la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI) mantuvo por la mañana una reunión por videoconferencia con el conseller de Vivienda, Marc Pons, en la que le reclamaron "facilitar la tramitación de ERTES por causa mayor" en su sector, según manifestaron en un comunicado.
Asimismo, reclamaron ayudas en materia de alquiler, "tanto para el arrendador como para el arrendatario", además de "la exención o reducción y beneficios fiscales en materia de impuestos de transmisión patrimoniales, actos jurídicos documentados y el IVA así como ayudas fiscales a autónomos para garantizar la permanencia de la pequeña y mediana empresa y de las agencias inmobiliarias en general".
Encierro
Balears registra una media de 2,54 habitantes confinados por vivienda. Este índice es el resultado de dividir la población del archipiélago (1.149.460 de habitantes) entre el número de hogares: 452.500, según datos del INE relativos a 2018. El estado de alarma ha obligado a gran parte de los ciudadanos a encerrarse, y Balears es una de las comunidades en las que más población se agrupa por cada vivienda familiar. Las islas están por encima de la media estatal, con un índice de 2,50 residentes por domicilio, pero lejos de Ceuta y Melilla, donde pasan el confinamiento con más de tres personas por hogar.
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