La llegada del fin de mes es muchas veces una jornada crítica en la empresa y el trabajo. Hay que pagar nóminas y no siempre se han cubierto gastos ni cobrado servicios prestados. Ni qué decir tiene que en este fatídico marzo de 2020 las dificultades se han disparado hasta el infinito porque a ellas se suma el parón prorrogado impuesto por el confinamiento decretado para levantar muralla al coronavirus.
El fin de mes ha llegado cuando el número de muertes alcanza su peor cifra en un solo día, 849, y en Balears ya son 43. El primer hotel de Palma para enfermos leves entra en servicio mientras la curva de afectados sigue en su ascenso desbocado pero, según los encargados de diseccionarla, muestra signos aprovechables para domesticarla.
De La Moncloa emergen, un día sí y el otro también, medidas encaminadas al rescate social de los más vulnerables y para tender una mano, en forma de moratorias, a inquilinos, autónomos y pymes.
Ayer mismo, el consejo de Ministros aprobó un decreto con medio centenar de disposiciones que incorporan por primera vez ayudas para las empleadas de hogar y un subsido para los fijos discontinuos.
En la misma jornada en que aplaza cotizaciones y deudas a la Seguridad Social para autónomos y empresas, el Gobierno les cobra la cuota mensual. Fue un jarro de agua fría, un empujón hacia la desmotivación.
La Moncloa está lejos. Las disposiciones que ponen ministros y directores generales sobre los atriles de la comparecencia diaria están, seguro, bienintencionadas, pero resultan frías y teóricas, complejas para ser puestas en práctica y se ven sobrepasadas por la urgencia de las necesidades que esta crisis impone al ciudadano, sea trabajador, empresario o parado. Es la misma presión que se avecina sobre los alquileres con intervenciones que el vicepresidente Iglesias no ha dejado suficientemente claras y que pueden preocupar en especial en estas islas de arrendamientos caros y escasos.
