El Govern aprobó este miércoles la ampliación de la renta social básica para incluir a aquellos colectivos que forman parte de la economía sumergida, como limpiadoras de hogar o cuidadores de personas mayores sin contrato o mujeres que ejercen la prostitución, según informó la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago.

Así, estos colectivos afectados por la paralización a causa del coronavirus y que habían quedado fuera de la posibilidad de acceder a ayudas al formar parte de la economía sumergida, podrán acceder a esta renta social básica que supondrá 560 euros mensuales de media.

Santiago precisó que podrá solicitarla toda persona mayor de 18 años que no tenga ningún ingreso y resida en Balears, para lo cual necesitará un "informe del trabajador social que son los que conocen a estas personas o a sus familias", lo que permitirá "agilizar" el acceso a la renta. Para facilitarlo, el Govern ha habilitado que puedan pedirlo a través de entidades del tercer sector que trabajan con estos colectivos, en concreto Cruz Roja, Cáritas, Casal Petit y Médicos del Mundo.

Esta medida forma parte del decreto ley aprobado hoy por el Govern para establecer "medidas sociales urgentes" ante la situación creada por el coronavirus, así como fomentar la investigación sanitaria. Además, el texto aprobado establece regímenes temporales específicos en materia de concertación social y de selección de empleados públicos destinados a los servicios públicos esenciales.

En lo que se refiere a la ampliación de los destinatarios de la renta social garantizada, se ha elaborado un modelo específico de solicitud que tendrá que ir acompañado de un informe del profesional en que justifique las especificidades que se piden a la persona interesada para poder acceder.

Inicialmente, estos nuevos beneficiarios de la renta social recibirán la prestación a partir del 1 de abril durante dos mensualidades, que se prorrogarán mientras se mantenga la situación de emergencia social por la crisis sanitaria.

La renta social garantizada es una prestación directa que aprobó el Govern en 2016 y que actualmente reciben más de 8.500 titulares y beneficia a más de 12.600 personas, según ha recordado Santiago. El presupuesto global de esta renta para 2020 se ha incrementado en 2,5 millones de euros para hacer frente a las nuevas necesidades sociales provocadas por el estado de alarma. El cálculo de la Conselleria es que podría haber unos 2.000 nuevos perceptores de esta prestación.

En cuanto a la investigación en materia sanitaria, el Decreto Ley establece que la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA) podrá establecer ayudas para el desarrollo de investigaciones científicas y técnicas derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Estas ayudas podrán tener una tramitación más rápida y ágil. Además, entre otras medidas, los proyectos presentados serán analizados por una comisión de expertos, designados por la Conselleria de Salud y Consumo, y los créditos destinados inicialmente a conceder estas ayudas se podrán ampliar.

El Decreto también establece medidas relativas a la selección de personal para cubrir servicios esenciales para atender la emergencia de salud pública. Así, cuando no se puedan cubrir con el personal existente, se podrán establecer procedimientos extraordinarios y de emergencia para poder seleccionar personal interino o temporal a fin de garantizar la cobertura de estos servicios públicos.

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