El Ministerio de Hacienda autoriza a los ayuntamientos a utilizar parte de su superávit hasta ahora bloqueado por la regla de gasto de la llamada ley Montoro, para hacer frente a gastos derivados de crisis sanitaria, económica y social del coronavirus. Sin embargo, limita esa movilización al 20 por ciento del remanente de 2019 y siempre bajo supervisión del Ministerio, a quien deberá informar de cualquier modificación de sus cuentas.
El pasado miércoles, la propia ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, trasladó a los consejeros autonómicos su voluntad de "movilizar" esos recursos de los ayuntamientos ante esta crisis. La falta de concreción de la fórmula, que la ministra informó que estaba buscando, levantó todas las alarmas en algunas comunidades ante el temor de que el Gobierno pudiera intervenir o requisar los remanentes, un extremo que negó en todo momento el Govern.
El PP, Més o El Pi se pronunciaron al respecto en las islas exigiendo que debían ser los ayuntamientos quienes debían gestionar esos fondos, algo que también pronunció la propia presidenta Francina Armengol, tras su reunión del domingo por videoconferencia con Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos.
La medida se ha concretado hoy con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "El importe que podrá destinar cada entidad local al gasto al que se refiere dicho precepto -medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19- será, como máximo, equivalente al 20 por ciento del saldo positivo", establece el Ministerio de Hacienda, que indica que los alcaldes podrán modificar sus cuentas por decreto, que deberá ser validado por el pleno de la corporación y posteriormente informar al Ministerio.
Desde el Govern se considera "insuficiente" esta medida, por limitarse al 20 por ciento del superávit y sólo del último ejercicio. En esta línea, la Conselleria de Hacienda reclama que se amplíe la medida para que los ayuntamientos puedan liberar también recursos de años anteriores. Cabe recordar que a día de hoy los consistorios de las islas acumulan 500 millones de remanentes por las restricciones de la regla de gasto de la llamada ley Montoro.
