Un documento del Govern, remitido a los funcionarios y empleados públicos de la Comunidad Autónoma, cifra en más de 400.000 los trabajadores de Balears que se verán afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a consecuencia del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Se trata de una comunicación de la conselleria de Administraciones Públicas donde alerta de esta situación y emplaza a los funcionarios a estar disponibles para tramitar estos ERTEs con el objetivo de que los empleados no se queden sin cobrar el subsidio de desempleo. La misiva está firmada por la directora general de Función Pública, Irene Truyols.
Si se cumplen las previsiones del Govern, el batacazo para las economías familiares será mayúsculo. En diciembre, la Tesorería de la Seguridad Social remitió los informes de vida laboral de los empleados que habían estado de alta entre los años 2017 y 2018. Cifró las notificaciones en 608.998 las personas con contrato laboral en nuestra Comunidad. Comparando estas cifras con la previsión de ERTEs, se puede suponer que en torno al 65% de los trabajadores de las islas estarán afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo a consecuencia del coronavirus.
El pasado jueves, el conseller de Modelo Económico y Trabajo, Iago Negueruela, realizó una estimación aproximada de 200.000 empleados afectados por la extinción temporal de su empleo y más de 16.000 empresas. Se trataba de datos "estimativos", señaló el conseller de Modelo Económico, que informó que se reforzará la plantilla de la dirección general de Trabajo para tramitar todos estos ERTEs. Hasta la crisis del Covid-19 había un funcionario destinado a tramitar ERTEs, está semana son más de 50. Negueruela ya vaticinó "el parón total" de la economía balear.
El documento del Govern
El documento del Govern donde realiza la estimación de "más de 400.000 trabajadores afectados por los ERTEs" es un apartado del escrito donde la directora general de Función Pública, Irene Truyols, advertía de expedientes disciplinarios y denuncias ante la Justicia a los funcionarios que se rebelasen y se negaran a asistir a su trabajo de forma presencial. Todo ello vino a raíz de un motín que se produjo en la Dirección General de Trabajo al detectarse un posible caso positivo en el edificio.
Irene Truyols apelaba a la "responsabilidad de todas y todos" los funcionarios para llevar a cabo las tareas de los servicios esenciales decretados para dar respuesta a las "necesidades de los ciudadanos de las islas". Entre estas necesidades, la directora general les recordaba, precisamente, una de las labores prioritarias en estos momentos: "La tramitación de más de 400.000 ERTEs en nuestra comunidad y que deben servir para que miles de familias puedan mantener su calidad de vida".
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