En momentos como estos, quiero primero expresar mi pesar a aquellas personas que han tenido una pérdida por afectación del COVID-19, tienen un familiar o persona querida infectada o simplemente viven con incertidumbre e incluso temor estos momentos.

Tras esto, creo imprescindible sumarme al reconocimiento a la labor que está realizando todo el personal de la sanidad, especialmente la de la pública, a pesar de la vergonzante falta de equipos de protección adecuados. También la del personal de seguridad, limpieza, emergencias, enseñanza, transporte, dependencia, servicios sociales, correos… en definitiva, todo el personal de los servicios públicos. Es evidente que, cuando esto pase, se deberán analizar los fallos clamorosos que han cometido las administraciones para evitar que se repitan y, si cabe, exigir que se asuman las responsabilidades correspondientes.

Es importante poner en valor la primera línea de batalla, pero detrás hay una segunda formada por todos aquellos que dan soporte a los anteriores, y que son los que han de realizar los trámites para que las distintas administraciones puedan poner en marcha todas aquellas medidas de carácter social que ayudan a paliar las duras consecuencias socioeconómicas que tiene la parada de actividad económica que se ha producido.

Es el momento de demostrar que todas y cada una de las personas que trabajan en los servicios públicos son útiles a la sociedad; por ejemplo, es imprescindible ver que las personas que están pendientes de resolución de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) ven, en el menor espacio de tiempo posible, reconocidas sus prestaciones para, con ello, poder seguir atendiendo sus necesidades vitales.

En caso contrario, la sociedad no nos lo perdonaría, tiraría por tierra una buena parte del reconocimiento general que se está produciendo hacia los servidores públicos.

Las organizaciones sindicales, especialmente las de clase, también estamos sometidas a la misma exigencia, debemos estar a la altura. Hemos de seguir exigiendo el cumplimento de los derechos de las personas trabajadoras, informarles de los mismos y demandar las máximas garantías de seguridad en el desempeño de sus funciones, poniéndonos a disposición de los servicios públicos para las necesidades que se produzcan.

Ese nivel de compromiso debe servir para exigir también a las administraciones que estén a la altura de las circunstancias y cuiden a su personal, garantizando que se toman el máximo de medidas posible para protegerlo. Si no se les protege, difícilmente podrán seguir sirviendo a la sociedad. Es inoportuno hacer reprimendas públicas con carácter general.

Es humano tener miedo, pero debemos controlar el pánico, de lo contrario corremos el riesgo de caer en conductas irracionales. Todos debemos empatizar para pensar con claridad.

Es el momento de prestigiarnos ante la sociedad, pongamos cada uno de nosotros nuestro granito de arena para hacerlo; en caso contrario, cuando esto pase, que pasará, se reportarán las correspondientes facturas a aquellas empleadas y empleados públicos que muestren conductas egoístas e insolidarias ante una situación límite como esta.

Evitemos, con nuestro comportamiento colectivo e individual, dañar la imagen de los servicios públicos. Ni la ciudadanía ni las empleadas y empleados públicos nos lo podemos permitir.