Funcionarios de prisiones han interpuesto esta semana una querella ante la Secretaría general de Instituciones Penitenciarias por no equiparles con mascarillas, guantes, gafas y batas impermeables. Los denunciantes consideran que estas carencias constituyen un incumplimiento del derecho al trabajo en condiciones de seguridad y salubridad.
En dicha querella, presentada por la asociación profesional de trabajadores penitenciarios, consideran que la falta de Equipos de Protección Individual (EPI) supone un elevado riesgo de contagio a la población reclusa. También consideran que estas carencias generan una elevada tensión con los internos.
Así, los denunciantes consideran máximo responsable “de la falta de material y de inacción en la gestión y desarrollo” al secretario general de Instituciones Penitenciarias Ángel Luis Ortiz González. Además, este colectivo de trabajadores en las prisiones solicita, como medida cautelar, que se les proporcione “en un plazo de 24 horas” el material sanitario necesario mientras se tramita dicha querella.
“Trabajamos a pelo”
Los trabajadores penitenciarios son conscientes de que ellos son los únicos portadores del coronavirus en las prisiones. Los internos han añadido al cumplimiento de la pena en la cárcel, el confinamiento por la alerta sanitaria. Esta medida ha conllevado la supresión de los permisos carcelarios, las comunicaciones con los familiares y los vis a vis.
En los cuatro centros penitenciarios de Balears hay unos 700 funcionarios y trabajadores. Hasta el momento ninguno de ellos cuenta con mascarillas, guantes, gafas ni batas impermeables que les aísle de la población reclusa en caso de contagio del coronavirus.
“Estamos trabajando a pelo, como quien dice. Los funcionarios somos los posibles transmisores de la infección a los internos. Somos los únicos que entramos y salimos”, subraya un funcionario de prisiones de Balears.
