El ministerio de Sanidad publicó ayer una orden en el BOE, a propuesta del ministerio de Derechos Sociales, en la que se deja claro que las residencias privadas "tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales", en el contexto del decreto de estado de alarma por el coronavirus, y quedan en manos de las autoridades autonómicas para intervenir si es necesario. Así, de producirse esa necesidad, la conselleria de Sanidad adoptará las decisiones en este ámbito en el caso de Balears, aunque desde el departamento de Patricia Gómez se aseguró ayer que por ahora no hay prevista ninguna actuación de las que se permitirían.
Esta orden es consecuencia de los casos que se han producido en distintas partes del Estado de ancianos abandonados en las residencias e incluso mezclados con algunos fallecidos. "No es el caso de Balears", declaró ayer la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, quien sostuvo que las residencias de la tercera edad de las islas están controladas. "Para mí es inimaginable que aquí pudieran producirse casos así", afirmó Santiago, quien aseguró que podía "garantizar que eso que se está viendo en otros lados no está sucediendo en las residencias de las islas". La consellera no ocultó su "preocupación" por los casos de coronavirus en estas residencias y indicó que "se están monitorizando todas de tal modo que podemos saber en tiempo casi real lo que pueda pasar".
La orden ministerial publicada ayer en el BOE contempla medidas como que el Govern podrá modificar el uso de las residencias, públicas y privadas, como espacios para uso sanitario si es necesario. Además, todas las residencias "quedan sujetas a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente". Desde Sanidad se insistió en que, por ahora, la orden no implica ninguna actuación nueva por parte del Govern, aunque da herramientas para actuar con rapidez si la situación lo exigiera.
Más personal
En Mallorca, según datos del Consell, en la actualidad hay 3.638 ancianos en las residencias de la isla. De ellos, 840 residen en las del Consell (Llar d'Ancians, Sant Miquel-Oms, Bonanova, Bartomeu Quetglas de Felanitx y Huialfàs de Sa Pobla), y 2.510 en las 30 privadas, de las que 10 tienen plazas concertadas. A ellos se suman 288 usuarios de seis residencias municipales de Santa Maria, Calvià, Llucmajor, Artà, Pollença y Muro. La institución insular explicó que se han realizado 35 contrataciones para reforzar el personal que trabaja en estas residencias durante la crisis por el coronavirus. En el conjunto de Balears, según datos de la conselleria de Asuntos Sociales, hay un total de 4.342 plazas en las residencias de la tercera edad.
Precisamente ayer Delegación del Gobierno informó que la Guardia Civil y la Policía Nacional están visitando las residencias de ancianos de Balears para "ponerse a su disposición para cualquier necesidad que les surgiera" ante la crisis por el coronavirus. En este contexto, una de las residencias visitadas por agentes de la Guardia Civil fue la de Calvià.
