Los asesores laborales, como despachos de abogados y de graduados sociales, están asumiendo un volumen de trabajo y consultas sin precedentes, vinculado a la crisis en la actividad económica generada por la pandemia.

En el caso de los trabajadores, las preguntas giran sistemáticamente en torno al mismo tema, y se refieren al impacto que sobre ellos van a tener los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según coinciden en señalar la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de las islas, Apolonia Julià, y el abogado Antonio Font.

En este caso, la preocupación de los asalariados se centra en si van a poder cobrar una prestación por desempleo si pierden temporalmente su puesto o la parte proporcional en el caso de reducciones de jornada, la cuantía de la ayuda que van a poder percibir, y el momento en el que podrán empezar a cobrarla, punto este último sobre el que existen actualmente las mayores incertidumbres ante el miedo a que pueda provocarse una saturación de trabajo en el servicio de empleo estatal (SEPE).

Consultas empresariales

En el caso de las empresas, este ranking de preocupaciones varía. La primera de todas, con un volumen de consultas masivo, es sobre el tipo de ERTE que van a poder tramitar, dado que si es de fuerza mayor directa (cuando se obliga al negocio a detener su actividad) o indirecta (cuando la empresa puede trabajar pero se puede vincular su caída de actividad a la crisis del Covid-19) la empresa no tiene que pagar las cuotas a la Seguridad Social y todos los empleados tienen derecho a una prestación por desempleo aunque no hayan cumplido todas las condiciones para ello, según señala Antonio Font, situaciones que no se dan en los ERTEs por motivos de producción.

La segunda consulta más habitual hace referencia a las opciones existentes, como pactar con la plantilla el disfrute de las vacaciones en estas fechas para evitar el ERTE, por ejemplo.

La tercera proviene en estos momentos de los autónomos, y está relacionada con la posibilidad de acceder a la prestación por cese de su actividad (CATA) debido a la crisis del coronavirus.