Ocho de cada diez empresas de Balears pueden verse abocadas a presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante los próximos días, incluso aquellas que de momento están buscando soluciones alternativas como dar vacaciones a sus plantillas. Esta estimación parte tanto del lado sindical como del empresarial, y es expuesta por el secretario general de CCOO en las islas, José Luis García, y por el presidente de la patronal PIMEM, Jordi Mora.

El hecho de cifrar en un 80% el tejido empresarial del archipiélago que va a tener que rebajar provisionalmente su número de empleados o aplicar reducciones de jornada se explica porque precisamente éste es el peso que se otorga dentro de la economía de las islas a los sectores más afectados por el estado de alarma, fundamentalmente empresas de servicios.

José Luis García recuerda que el parón en la actividad económica a causa del coronavirus alcanza al sector hotelero (los cuatro gigantes de Mallorca, como son Meliá, Barceló, Iberostar y Riu, ya han anunciado sus ERTEs), la mayor parte del comercio, la restauración, el transporte, las empresas de ocio y un largo etcétera. Eso además conlleva un efecto dominó. Una empresa que se paraliza no encarga suministros.

Prueba de la avalancha de ERTEs que se avecina es la lista de algunas de las empresas que ya los han comunicado y que van a afectar a empleados del archipiélago, en la que aparecen todo el Grupo Globalia con Air Europa, Hipotels, Jumbo Tours, una marca tan emblemática para la isla como Majorica, el Tren de Sóller, Gimnasios Illes, Protur, Easy Jet, Acciona, Juaneda, Sheraton Son Vida o Coca Cola, por citar algunos ejemplos facilitados por UGT.

Hay un aspecto que se apunta desde el sector empresarial: la alarma puede prolongarse durante más de un mes, por lo que aquellos que están dando vacaciones ahora pueden verse obligados a optar después por un ERTE al mantenerse sin ingresos por el cierre de su actividad.

Jordi Mora hace un análisis similar: casi todas las empresas relacionadas con el sector servicios se van a ver obligadas a hacer ajustes temporales de plantilla de mayor o menor envergadura, y eso en Mallorca supone el 80% del total.

En este aspecto, se recuerda que solo se mantienen activos sectores como la construcciónsectores como la construcción y parte de la industria. Ayer mismo el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, reclamó al ministerio de Industria ayudas precisamente para evitar que este sector se pare. Por ello, el presidente de PIMEM insiste en que la actual crisis económica, derivada de una sanitaria, no tiene precedentes. "En ocasiones anteriores nos hemos enfrentado a fuertes desaceleraciones económicas, pero esta vez lo que ha sucedido es que hemos tenido que parar máquinas. Es algo insólito".

El secretario general de UGT-Balears, Alejandro Texías, prefiere no hacer estimaciones por ahora del alcance que van a alcanzar los expedientes de regulación temporal de empleo, pero no pone en duda que van a impactar sobre "muchísima gente".

Temor a la picaresca

Y a ello añade un problema adicional, como es su convencimiento de que algunas empresas van a intentar aprovecharse de las facilidades que ahora se van a dar a la hora de aplicarlos para hacer ajustes superiores a lo estrictamente necesario.

El presidente de PIMEM reconoce respecto a este último punto que "picaresca ha habido siempre, pero de lo que se trata es de conseguir que sean casos excepcionales" mediante los controles que se han acordado con el Govern.

Para estimar el alcance que los citados ERTEs pueden tener, basta remitirse a la radiografía del tejido empresarial existente en Balears hace ahora un año. En marzo de 2019 había en las islas 42.629 empresas de alta en la Seguridad Social. De ellas, 33.217 eran de servicios, es decir, más de un 77%, 6.501 correspondían a la construcción, 3.020 a la industria y 180 al sector primario. Sin embargo, en junio del pasado ejercicio las empresas de servicios de las islas sumaban ya 39.528, lo que en ese momento equivalía al 80,1% del total.

Reactivar la maquinaria

Pero hay un factor que preocupa tanto o más que el estado de alarma a los representantes empresariales, sindicales y a los economistas consultados, y es lo que va a costar volver a poner en marcha la maquinaria que ahora se ha parado.

En este sentido, se apunta que para el comercio o la restauración resulta más sencillo recuperar un ritmo más normal de trabajo. Pero no sucede lo mismo con la planta de alojamiento.

Porque tal y como recuerdan todos ellos, no basta con abrir un hotel para garantizar que se va a llenar. El problema del sector turístico radica en que no depende solo de que España supere la crisis sanitaria con mayor o menor velocidad, sino del momento en que lo van a hacer los principales mercados emisores, como Alemania y el Reino Unido, y del estado de ánimo y económico de sus ciudadanos, lo que condiciona su intención de viajar. A ello se suma otro aspecto: lo deterioradas que puedan salir de la crisis actual empresas de las que la llegada de turistas depende en gran medida, como los turoperadores, con TUI a la cabeza, y las compañías aéreas.

Los economistas consultados recuerdan que hay hoteleros que se plantean reabrir sus establecimientos en julio. Este mes, en un año normal, supone un punto de inflexión, por cuando es el que marca el inicio de los beneficios (los anteriores permiten amortizar los gastos de la temporada).

Pero si la apertura se produce en julio, eso supone que los beneficios se iniciarán a finales de septiembre o en octubre, cuando la temporada ya acaba, con el riesgo adicional de encontrarse con que éstos no llegan a producirse. Eso explica también que algún hotelero esté reconociendo que baraja la posibilidad de no abrir este año. Y esta parálisis afecta además a la oferta complementaria de la zona, generando un efecto dominó.

De darse estas circunstancias, el resultado supone la pérdida de 2020 para la economía balear y explica el que algunas empresas estén planificando ya la temporada de 2021 dejando de lado la del presente ejercicio.

Tormenta perfecta

Los economistas consultados señalan que las islas se van a tener que enfrentar durante los próximos meses a una 'tormenta perfecta'. Para empezar, la aplicación masiva de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) va a recortar de forma apreciable los ingresos de las familias, con el consiguiente frenazo en un consumo que ya se había venido deteriorando durante el pasado año. Pero además, y ante las incertidumbres generadas y la caída de actividad, las empresas a su vez van a paralizar buena parte de las inversiones que habían planificado antes de que estallara la pandemia. Eso supone una doble crisis, de demanda y de oferta, que puede provocar que de una fase de desaceleración económica se pueda pasar a otra de recesión, según se advierte.