Médicos mallorquines con décadas de servicio en la sanidad pública denuncian que durante semanas se les ha negado la realización de la prueba del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud recomienda la realización de un máximo de tests del Covid-19, con mención especial al personal sanitario. La excusa que se les ha puesto tradicionalmente a los facultativos es que "no está recomendado", además de destacarles la poca disponibilidad de los kits para confirmar o descartar el contagio.
Veteranos facultativos también ponen de manifiesto la falta de material de protección. Profesionales de Son Espases que han solicitado mascarillas FFP2 de alta protección, que evitan un potencial contagio a pacientes, han visto rechazada su petición "porque vamos escasos de recursos". Según un médico con treinta años en la sanidad pública mallorquina, "no sabemos si hay EPIs, Equipos de Protección Individual ni dónde se encuentran. Por lo visto los guardan bajo llave y tampoco tenemos ni idea de cómo nos lo hemos de poner".
Con un notable retraso sobre la explosión del coronavirus, el Govern ha decidido finalmente aplicar las recomendaciones y abrir la mano en los tests al personal sanitario que los solicita. Según los profesionales, pese a esta sensibilidad tardía el daño ya está hecho, no solo valorando el riesgo inmediato para médicos y personal de enfermería, sino mediato para los pacientes a quienes atienden. Todavía hoy se necesita ejercer una presión intensa para someterse a las pruebas. A ello contribuye la tacañería del Estado en el suministro de material. La sanidad pública no disponía en Mallorca de ningún equipo para aplicar la técnica de PCR, utilizada en la confirmación con gran fidelidad del coronavirus. Esta detección podía llevarse a cabo en clínicas privadas como la Rotger.
Los profesionales que denuncian la obstrucción de que son víctimas para someterse al test también apuntan al pésimo funcionamiento de los teóricos sistemas de comunicación puestos en marcha por el Govern para informarles. El comité de crisis de Son Espases emitió un comunicado a toda prisa el pasado domingo por la tarde, para evitar una previsible rebelión de facultativos el lunes. En el documento se les adjuntaban teléfonos donde evacuar consultas. Según los profesionales que lo han utilizado, las respuestas orientativas más frecuentes son "el buzón está lleno", o bien "el móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura".
La incertidumbre de los médicos que indican que se les han regateado los tests se duplica en el caso de los abundantes matrimonios entre dos personas que trabajan en sanidad, donde además ambos trabajan "por vía aérea" cara al público. El riesgo de contagio por la convivencia se multiplica si no se ha procedido a una detección previa. En la rueda de prensa de la mañana de este martes, se le ha preguntado a Fernando Simón sobre la reticencia a efectuar pruebas al personal sanitario. El responsable de la comunicación del Gobierno no respondió a la pregunta, incluida en un paquete de tres.
Todas las medidas finalmente aplicadas en Mallorca ya habían sido recomendadas por médicos concernidos cuando empezaron a implantarse en otras regiones. Consistían en la supresión de consultas externas no esenciales y de operaciones de poca entidad. Se les respondió que "no es tan sencillo". Esas iniciativas elementales han acabado por adoptarse.
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