La Oficina de Lucha contra la Corrupción de Balears abrió el pasado año un total de 29 investigaciones para esclarecer posibles delitos o casos de corrupción en las administraciones públicas de las islas. La detallada memoria del organismo, presentada en el Parlament, expone que recibieron 50 denuncias, de las que 10 fueron archivadas al no encontrar indicios punibles, otras dos concluyeron con un informe razonado ante la administración afectada y 17 de ellas están en pleno proceso de análisis e investigación de los hechos.

Entre las actuaciones de la Oficina Anticorrupción que dirige Jaume Far destaca que el organismo investigador ha realizado hasta 22 entrevistas personales, citando a declarar a las personas relacionadas con denuncias recibidas, esencialmente altos cargos y funcionarios de las administraciones.

En cuanto a las investigaciones que han llevado a cabo, las temáticas han sido muy diversas. 10 de ellas están relacionadas con la función pública, ocho sobre prevaricación urbanística, 5 de conflictos de intereses, convenios y subvenciones; 4 sobre enriquecimiento ilícito, 3 sobre tráfico de influencias o también sobre incompatibilidades sobre altos cargos. 16 de las denuncas están relacionadas con ayuntamientos, 12 de entidades públicas, 8 de consells, 6 del Govern y empresas públicas y 3 sobre entidades privadas y el Parlament.

De igual modo, la Oficina Anticorrupción ha gestionado un total de 2.859 declaraciones de actividades y patrimoniales de altos cargos, 1.432 corresponden a la pasada legislatura (2015-2019), mientras que 1.427 son del actual mandato (2019-2023). El organismo que dirige Jaume Far ha tenido que realizar 107 requerimientos a funcionarios y cargos públicos para que presentara su declaración de bienes o también del IRPF, ya que no la habían realizado en tiempo y forma. En este sentido, cabe señalar que 56 de estos requerimientos correponden a cargos o funcionarios del Consell de Mallorca y 20 del Parlament. Para este año está previsto que se realice la solicitud de entrega de las declaraciones a los miembros del Govern y sus cargos de confianza.

En cualquier caso, en la memoria de la Oficina de Lucha contra la Corrupción advierte que "el personal al servicio de las entidades públicas de Balears, los cargos públicos y los particulares incluidos en el ámbito de actuación de la oficina que impidan o dificulten el ejercicio de las funciones de ésta o se nieguen a facilitar la documentación requerida, podrán tener que hacer frente a las responsabilidades que la legislación vigente establece".