La Junta de Personal Docente no Universitario de Mallorca exigió ayer por escrito al conseller de Educación, Martí March, que todas las religiones queden fuera del horario lectivo de los centros públicos, para conseguir "unas escuelas laicas" en Balears. Por contra, la asociación Schola Libera, integrada por la mayoría de entidades del sector de la enseñanza concertada en Balears, reclamó a March que "se reconozca y garantice el derecho fundamental a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales".
Desde la Junta de Personal Docente alegaron que es necesario "ofrecer una enseñanza integral, plural, objetiva e integrador". "Consideramos que se debe garantizar el imprescindible carácter laico de la enseñanza" en la escuela como institución pública, y "dejar cualquier religión fuera del currículo del ámbito escolar", apuntaron.
La entidad pidió que se denuncien y deroguen los Acuerdos del Estado con la Santa Sede, así como también los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, "que obligan al Gobierno y la conselleria de Educación.
Según la Junta de Personal Docente, la enseñanza confesional de cualquier religión en las aulas "supone un doble perjuicio para el alumnado: por un lado, porque se separa por motivos ideológicos, desde edades muy tempranas, un hecho que supone la vulneración de diferentes Convenios de la infancia; y por otro, porque también puede suponer una segregación por motivos económicos y sociales y dar lugar a la creación de centros gueto".
Por otro lado, la asociación Schola Libera reclamó ayer al conseller durante la reunión que mantuvieron que garantice el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. "Creemos en el valor de una oferta educativa plural y, por eso, solicitamos a la Administración que respete la complementariedad de la red pública y la concertada. La oferta de plazas de ambas no la debe determinar una decisión unilateral del Govern, reivindicaron.
Asimismo, solicitaron "que se garantice la gratuidad de la enseñanza para que todas las familias, independientemente de sus recursos económicos, puedan elegir el colegio que deseen". Entre otras reivindicaciones, también se exigió respetar "el derecho de todos los alumnos a una enseñanza en condiciones de igualdad" y la libertad de los centros para fijar un ideario o carácter propio confesional, "desarrollar la actividad educativa de acuerdo con su ideario y siempre respetando los principios constitucionales".
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