Junts per Cat ha registrado en el Congreso dos preguntas dirigidas al Gobierno sobre el reciente juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) por la incuatación de los teléfonos móviles a dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press que investigaban el 'caso Cursach' y que ha sentado en el banquillo al juez que lo ordenó, Miquel Florit, imputado por prevaricación.

El diputado Jaume Alonso-Cuevillas pide el parecer del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la postura mantenida en la vista oral por la Fiscalía, que negó el derecho de los periodistas a informar sobre las actuaciones judiciales durante la instrucción de las causas por apreciar que se trataba de filtraciones que vulneran el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Fue precisamente un artículo publicado ayer en el digital Público sobre esta cuestión la que llevó al diputado catalán a emprender esta iniciativa.

"Según informaciones periodísticas, durante el juicio seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra el magistrado Miquel Florit por presunta vulneración del secreto profesional de periodistas que informaron sobre el caso Cursach, el Fiscal Jefe de las Baleares, sostuvo que los periodistas que informan sobre actuaciones judiciales durante la fase de instrucción, violan su propio Código Deontológico y están, por ende, cometiendo un acto ilícito. Comparte el Gobierno el criterio de que es ilícito que la prensa informe sobre as actuaciones judiciales practicadas durante la fase de instrucción o sumarial o cree por el contrario el Gobierno que dichas informaciones se hayan amparadas por el secreto profesional, contemplado en el artículo 20.1, letra d) de la Constitución?¿ Piensa en su caso el Gobierno interesar ante la Fiscalía General del Estado algún tipo de actuación tendente a que se respete el secreto profesional periodístico en las informaciones relativas a causas judiciales, incluida la fase de instrucción?", dice la pregunta del diputado Alonso Cuevillas.

La segunda pregunta registrada por el representante catalán recoge que "el fiscal Anticorrupción declaró como testigo vistiendo la toga oficial, con puñetas, y sentado junto al letrado de la defensa del magistrado imputado, vulnerando así la apariencia de neutralidad e imparcialidad del testigo. ¿Puede confirmar el Gobierno la veracidad de este hecho? En el caso de ser cierto tal hecho, ¿piensa el Gobierno interesar del Fiscal General del Estado que promueva las actuaciones pertinentes, incluido si procede la apertura del correspondiente expediente disciplinario?".

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