04 de marzo de 2020
04.03.2020
Diario de Mallorca

Ensenyat defiende la destitución de la interventora

El exconseller Bonet también mantiene que "se hizo lo mejor", pese a que la jueza les desautoriza

03.03.2020 | 23:30

El expresidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, y el exconseller de Hacienda, el socialista Cosme Bonet, defendieron ayer la decisión de apartar a la interventora general del Consell, pese a que ahora la Justicia ha sentenciado que la destitución estuvo "huérfana de pruebas y fundamento" y obliga a restituirla en su puesto y a indemnizarla.

"La decisión fue fundamentada en base a un informe de la conselleria insular de Hacienda (PSOE)", recordó ayer Miquel Ensenyat. De todas formas, el actual portavoz de Més apuntó también que "un alto funcionario que cobra 125.000 euros anuales debía buscar soluciones a la lentitud desesperante de los procesos económicos de la institución".

Tal y como apuntó Ensenyat, el informe que sirvió de base para apartar a Elena Montejo de la Intervención General del Consell estaba firmado por el entonces conseller de Hacienda y ahora senador socialista, Cosme Bonet. Sin embargo, Bonet recordó que "fue una decisión que yo solo no habría tomado sin tener el apoyo de todo el equipo de gobierno del Consell".

Pese a las disputas de los dos socios sobre quién tomó la decisión, Bonet también considera que los motivos alegados en su informe, "excesiva burocratización y lentitud" son ciertos. Al preguntarle que en la sentencia que condena al Consell la juez no lo considera así, Bonet aseguró: "Hicimos en aquel momento lo que considerábamos mejor para la institución y así se decidió en el aquel momento".

A pesar de sus palabras, Bonet quiso dejar claro su "total respeto a las decisiones judiciales". Bonet tampoco quiso entrar en la decisión de la actual presidenta del Consell, Catalina Cladera, de readmitir a la alta funcionaria antes de conocer la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1.

La indemnización

La sentencia favorable a la alta funcionaria del Consell reconoce "el derecho a la recurrente a la remuneración económica dejada de percibir desde que fue cesada, más los intereses legales". Ello supondría una indemnización de cerca de dos años de sueldo, a más de 100.000 al año. No obstante, en el Consell consideran que solo se debe abonar la diferencia entre el sueldo que ganaba en su nuevo puesto y el de interventora. Por ello estiman alrededor de 40.000 euros.

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