Cuando el Consell de Mallorca indicó que tenía constancia de que 16 menores bajo su tutela sufrían explotación, la isla acaparó todos los focos y todos los gestos de incredulidad, indignación e impotencia. Y es que era la primera vez que una región ponía una cifra concreta sobre la mesa.
Los expertos del ámbito social reconocen que en Mallorca se dan una serie de factores a tener en cuenta a la hora de analizar la situación, como la influencia del turismo, el índice de desigualdad social (la situación precaria de los menores puede hacerles más vulnerables), unos hábitos sexuales precoces y de mayor riesgo, un mayor índice de delincuencia juvenil, un mayor número de delitos sexuales cometidos contra menores....
Pero los expertos también llaman la atención sobre un hecho: no solo en Balears hay adultos dispuestos a pagar (con dinero o regalos) por mantener relaciones sexuales con menores que están bajo la tutela de la administración (o con menores en general).
UNICEF realizó un informe en 2017 analizando la situación de los centros de acogida de nueve comunidades: en siete de ellas (no precisaron cuáles) detectaron explotación sexual de menores tuteladas.
El director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, Serafín Carballo, indicó la semana pasada en el Parlament que tienen constancia de que existen redes de captación en Madrid, Sevilla, Castellón y Las Palmas. Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales, citó en el Senado a Madrid, Euskadi y Canarias. Y no hace falta ir tan lejos: en Menorca, supuestamente la isla tranquila, se acaban de conocer casos recientes.
Que Mallorca no tenga la exclusiva de este mal ni consuela ni exime de responsabilidades a los implicados. Pero es un hecho que Mallorca ha sido el primer territorio en levantar la alfombra de lo que es una vergüenza nacional.
En el Congreso de los Diputados
El tema llegó a la política nacional la semana pasada con la interpelación a Iglesias por parte de la diputada mallorquina del PP Marga Prohens. Los medios estatales han empezado a publicar artículos contextualizando el fenómeno en la escala nacional.
Para defenderse el vicepresidente y líder de Podemos usa de escudo la próxima Ley de Protección de la Infancia, que empezó a redactar el Gobierno socialista en funciones en la anterior legislatura.
Iglesias ha podido incorporarse con el trabajo ya iniciado y reunirse, como ya hizo en 2018 Pedro Sánchez, con James Rhodes, el mediático pianista británico que fue víctima de abusos en su infancia y ahora es un activista que sigue llamando la atención para que no se olvide lo ocurrido en Mallorca.
La nueva ley modificará la de 2015 y prevé crear unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; formar a jueces y fiscales; constituir un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia; incluir la obligación de cualquier persona de "denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes" y amplía el plazo de prescripción de los delitos graves cometidos contra menores (se contará a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años).
Sistema de tutelaje
Además de adoptar medidas legislativas y de reabrir el debate sobre la necesidad de poner el acento en los hombres adultos que pagan por mantener sexo con menores, el sistema de tutelaje también ha sido puesto bajo la lupa.
La ONU ha advertido a España que es uno de los países con más menores viviendo en centros de protección. Según los últimos datos disponibles, en 2018 hubo "por primera vez" más menores tutelados viviendo en centros (21.283) que con familias de acogida (19.545). En Mallorca, hay más niños con familias de acogida (700), que en centros (359).
El pasado jueves UNICEF alertó sobre "la fuerte precarización" del sistema de protección y de los recortes que se traducen en "una menor calidad de la atención a la infancia". La entidad de refencia de protección de menores concluye: "Es inadmisible que dentro de un sistema de protección exista desprotección.
