"Yo he quedado marcado, he sufrido un daño profesional tremendo no solo por la intervención de mi teléfono, sino por todo lo que conllevó el espionaje de mis llamadas", destacó ayer el periodista Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, durante el juicio por el caso Móviles. Apenas se cruzaron las miradas con el juez jubilado Miguel Florit, sentado en el estrado junto a su abogado defensor.

"Es cierto que toda la profesión periodística salió a la calle y se solidarizó conmigo, pero todas mis fuentes han dejado de llamarme. Llevo toda mi trayectoria profesional cubriendo información judicial. Se han terminado mis fuentes, me han dejado de llamar, muchos han dejado de ser amigos, me enfrento al corporativismo profesional...", lamentó Mestre.

"En tratamiento médico"

"En tratamiento médico""Estoy en tratamiento médico, tomo tres pastillas al día debido a un cuadro de ansiedad y depresivo. Ha cambiado mi vida", reconoció el periodista, sentado en una silla frente al tribunal del TSJIB formado por los magistrados Antoni Terrasa, Carlos Gómez y Pedro Barceló.

Kiko Mestre recordó con detalle el día que estalló el caso Móviles, el pasado 11 de diciembre de 2018, cuando dos policías nacionales le intervinieron su teléfono en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma. "Yo no entregué con ganas el teléfono móvil, me sentí incómodo. Había una decisión judicial y la tenía que cumplir, no tenía otra alternativa", señaló. Mientras, los dos inspectores policiales manifestaron ayer que el periodista entregó el terminal y su clave de forma voluntaria.

"Los policías me dijeron que tenía que entregar el teléfono y que estaba previsto un registro en Diario de Mallorca. Indicaron que esto estaba avalado por la Fiscalía Anticorrupción y que había un auto del juez. Me pareció muy raro. Yo entregué el móvil por un requerimiento judicial, no había otra opción. Di la contraseña porque había una orden judicial y había que cumplirla. Podría haberme tirado al suelo, pero no lo hice", subrayó Mestre.

El periodista admitió que tenía el informe completo del caso Cursach, cuya filtración investigaba la Policía, y recalcó que en aquellos momentos no estaba bajo secreto de sumario. "Yo tenía el sumario del caso Cursach y creo que también media Palma lo tenía. Todos los periodistas lo teníamos cuando se levantó el secreto de sumario", manifestó.

La directora de Diario de Mallorca, Maria Ferrer, recordó que tras estallar el caso Móviles Kiko Mestre estuvo de baja médica. "Era uno de los redactores que se ocupaba de la información de tribunales. Es experimentado y veterano, ofrecía informaciones de primer nivel", precisó Ferrer. "No ha vuelto a escribir en tribunales desde el día que le requisaron el teléfono móvil. Ya no se desplaza a las sedes judiciales como hacía antes. Se quebró la confianza en él por parte de las fuentes", agregó la directora del rotativo.

Por su parte, Blanca Pou, la periodista de Europa Press, a la que le confiscaron también el teléfono, dos ordenadores, un pendrive y documentación en papel, explicó que los dos policías le plantaron la orden de entrada y registro al acceder a su oficina. "Me quedé a cuadros, tenía que entregarlo todo. Les dije que quería hablar con mi abogado, pero no me dejaron. Me dijeron 'esto no lo tienes que hablar con nadie, esto es la ley y es lo que tienes que hacer'. Mi preocupación era que todo quedaba al descubierto. Mi secreto profesional quedaba en papel mojado. La secretaria judicial me dijo 'aquí se está investigando un delito, su secreto profesional pasa a un segundo plano'. Me pidieron las claves y un policía navegó en el menú de mi teléfono", aseguró Pou.

"Se llevaron dos ordenadores, pidieron ver mi correo, estuvieron tocando. Se llevaron un montón de papeles, examinaron el contenido de esos documentos. El móvil era mío personal. Ahí estaba toda mi vida. Tenía las cuentas personales abiertas con todo el potencial que eso da", lamentó la periodista. "Luego nos enteramos de que nos habían rastreado las llamadas", concluyó Pou.

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