El Govern aprobó ayer el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, en el que finalmente se fija en 50 años el tiempo máximo de la cesión de suelo público a promotores privados para la construcción de vivienda de protección oficial. Este aspecto era el que había provocado el mayor desacuerdo entre los socios del Pacto, ya que Podemos y Més se oponían a que el plazo de cesión fuera de 75 años, como se establecía inicialmente en la propuesta presentada por el socialista Marc Pons, al considerarlo excesivo. Los socios del PSIB planteaban que el plazo se fijara en 40 años y finalmente se ha acordado dejarlo en 50, despejando este asunto para su aprobación ayer en el Consell de Govern.

Además, entre las novedades incluidas con respecto al contenido de Decreto anunciado inicialmente por el conseller Pons, se introducen sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros para quienes publiciten y comercialicen "infraviviendas que no cuentan ni con los más mínimos requisitos de habitabilidad", según explicó Pons tras el Consell de Govern.

Este punto se incluyó después de que la pasada semana Diario de Mallorca informara sobre la oferta a través de internet de un estudio de 16 metros cuadrados en Palma, por 500 euros mensuales de alquiler, que no contaba con cocina ni lavadora ni podía tenerlas al no estar acondicionado para ello, entre otras carencias.

El Decreto Ley aprobado ayer entrará en vigor en cuanto se publique en el BOIB. Su objetivo es aumentar el parque público de vivienda, movilizar vivienda asequible y luchar contra la vulnerabilidad en esta materia, según resaltó Pons. Para ello, contempla un paquete de medidas que permitan acelerar la construcción de viviendas de protección y facilitar la entrada en el mercado de viviendas a precios asequibles.

Entre las medidas que contempla, además de las citadas, se incluye la ampliación del derecho de tanteo y retracto a favor del Govern, de forma que podrá adquirir de forma preferente viviendas de protección oficial, suelo y las viviendas implicadas en todas las operaciones entre grandes tenedores, siempre que procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago. También podrá ejercer este derecho a adquirir preferentemente edificios de viviendas que se vendan a un solo comprador si en una de ellas hay inquilinos.

Facilidades para construir

Además, incorpora más facilidades para construir vivienda dotacional (alojamientos temporales para situaciones de dificultades y para determinados colectivos) porque se podrán construir en suelo destinado a equipamientos. Asimismo, define mecanismos para ganar agilidad administrativa. Por ejemplo, el Govern podrá aprobar la construcción de un proyecto si en dos meses no se ha contestado la petición de licencia por parte del ayuntamiento. Junto a ello, fija un régimen único de vivienda de protección oficial, eliminando el que permitía hacer viviendas de protección a precios más elevados.

En situaciones de vulnerabilidad, los grandes tenedores de viviendas, como entidades bancarias, estarán obligados a ofrecer un alquiler social, que no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos de la familia, antes de iniciar un procedimiento de desahucio.

Precisamente sobre el problema de los desahucios Pons anunció que en marzo se constituirá una mesa interinstitucional integrada por el Govern, consells insulars y ayuntamientos, cuya primera medida será la elaboración de un protocolo de actuación ante cualquier desahucio que se produzca en Balears, con el fin de actuar con la máxima coordinación y agilidad en especial en aquellos casos en los que el desalojo se anuncia "con tan solo 24 horas de antelación".

Pons puso como ejemplo de una manera de funcionar coordinada que da buenos resultados el convenio con el Consell de Menorca, por el que la Conselleria pone a su disposición viviendas del IBAVI y la institución insular realiza la labor de acompañamiento y seguimiento de las personas desalojadas. En este sentido se mostró más favorable a este tipo de acuerdos que a la creación de una oficina autonómica contra los desahucios.

El grueso de las medidas incluidas en el Decreto Ley son las anunciadas por Pons el pasado día 17, pero las discrepancias con Podemos y Més, la principal de ellas la referida a la cesión de suelo público a promotores privados, han retrasado el acuerdo.

Ayer, los socios del PSIB en el Govern mostraron su satisfacción por el resultado final del Decreto Ley. "Veíamos inadmisible que el máximo fuera de 75 años y hemos logrado que la cesión sea de 50", resaltó la portavoz adjunta de Podemos en el Parlament, Esperança Sans, quien mostró su satisfacción por el resultado de las negociaciones. El líder de Més, Antoni Noguera, destacó que el Decreto Ley incorpora las demandas de su partido, por lo que "es un primer paso" para hacer frente al problema del acceso a la vivienda que, según advirtió, "no nos ha de desviar del objetivo de desarrollar la Ley de Vivienda".

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