El juicio por el llamado caso Móviles duró lo que Miguel Florit tardó en admitir que violentó el secreto profesional de los periodistas Francisco Mestre y Blanca Pou: "Mi deber era investigar el delito y pensé que debía sucumbir el secreto profesional". La revelación llegó a los pocos minutos de iniciarse el 'juicio del año' -al menos para la profesión periodística-,así que las doce horas restantes solo sirvieron para detallar cómo se procedió a diseccionar los dispositivos intervenidos en diciembre de 2018.
Florit ordenó requisar los teléfonos de Mestre y Pou, reporteros de Diario de Mallorca y de Europa Press respectivamente, para descubrir el origen de una información que publicaron en sus medios sobre las actividades económicas del multiimputado Bartolomé Cursach. Un "hecho gravísimo", subrayó un vencido Florit, que durante el juicio no disimuló su hartazgo por un caso que le ha llevado al banquillo acusado de prevaricación y por el que se enfrenta a 42 años de inhabilitación.
El primer gran combate verbal de la sesión lo protagonizaron Nicolás González-Cuéllar, abogado de Diario de Mallorca, y Juan Carrau. El fiscal anticorrupción defendió la requisa de los móviles con toda la energía -casi entusiasmo- que le faltó a Florit. "Me parecía más lesivo pinchar los teléfonos de los funcionarios [de policía] que de los periodistas", argumentó Carrau, cuya firma legitimó la intervención de los móviles en un auto.
Las preguntas de González-Cuéllar descubrieron algunas lagunas mentales en Carrau: "No lo recuerdo", respondió cuando fue interpelado sobre si en algún momento él, sus superiores o el exjuez Florit se plantearon que intervenir los teléfonos de dos periodistas podía violentar el secreto profesional, un derecho recogido en la Constitución.
Antoni Terrasa, presidente del tribunal, dirigió el largo proceso con mano de hierro. "Más preguntas", apremiaba el magistrado a los letrados cuando estimaba que se repetían. "Llevamos una hora de retraso", dijo con pesar al filo de las 13:00 horas.
Abogados y testigos aprovecharon un breve receso para un ágape apresurado. Fuera de la sala se formaron los habituales corrillos. Un Florit visiblemente abatido apuraba un cigarrillo en compañía de la jueza decana de Palma, Sonia Vidal, y algunos fiscales que también quisieron mostrar su apoyo al juez acusado.
La figura del multiimputado Cursach planeó durante todo el proceso, pero apenas se le mencionó. Mientras la investigación se eterniza y desecha jueces instructores, el magnate de la noche, acusado de un rosario de delitos, es el pecado original de una causa que ha puesto en cuestión el secreto periodístico y los límites de la libertad de información.
Por si no estaba claro de qué iba el juicio el fiscal jefe Bartolomé Barceló, defensor cerrado de la requisa de los teléfonos de los periodistas, preguntó a Mestre por sus fuentes. "Me acojo al secreto profesional", respondió el periodista al fiscal jefe y al abogado de Florit, José Zaforteza, que también le interpeló al respecto.
Fue más breve el interrogatorio de Barceló a Pou. Lo concluyó de manera precipitada cuando se dio cuenta de que había confundido Europa Press, donde trabaja Pou, con la agencia Efe.
La declaración de uno de los dos policías que requisaron los dispositivos de Mestre y Pou sirvió para constatar el alcance de la intervención. "Miramos el listado de teléfonos, hora, duración de la llamada y posicionamiento", subrayó el agente.
Jueces, abogados y representantes de las dos partes accedieron al TSJB desde minutos antes de la hora señalada para el inicio del juicio, a las 09:30. Un dispositivo policial ligeramente reforzado y una presencia de periodistas más nutrida de lo habitual daban idea de la relevancia del proceso.
Carlos Gómez fue el primero de los tres magistrados que forman el tribunal en llegar. Y lo hizo en bicicleta. Minutos después irrumpieron en el palacio de justicia los jueces Antoni Terrasa y Pedro Barceló.
Cuando faltaban pocos minutos para las 09:00 horas accedieron al tribunal, por separado, Carrau y Zaforteza.
Justo a esa misma hora hicieron acto de presencia Pou, acompañada por sus abogados. Poco después hizo lo propio Mestre, también escoltado por su letrado Nicolás González-Cuéllar, y la directora general de Gabinete de Presidencia de Prensa Ibérica, Irene Lanzaco. Completaban la comitiva la directora de Diario de Mallorca, Maria Ferrer, y la subdirectora del rotativo, Marisa Goñi.
La última en llegar fue la abogada de la comunidad, Dolores Ripoll, alejada durante todo el juicio del núcleo de la cuestión.
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