El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha relatado cómo el fiscal anticorrupción en Baleares, Juan Carrau, le consultó presencialmente en Madrid la medida de la incautación de móviles de periodistas en su declaración en el juicio hoy del llamado caso Móviles, por el que se pide 42 años de inhabilitación al juez ya jubilado Miguel Florit por un supuesto delito de prevaricación. "Valoramos la excepcionalidad de la medida y autoricé el informe favorable a la medida", ha explicado Luzón, que declara como testigo.

Luzón, que ha intervenido en la sesion mediante videoconferencia, ha admitido que el objetivo de la medida era "identificar el documento que había sido filtrado y conocer la fuente del periodista, el origen de la filtración del documento". Preguntado sobre si habló con Carrau sobre una posible vulneración del secreto profesional, se ha escudado en que "se me hace muy difícil con el tiempo transcurrido recordar si eso se trató o no".

Florit se sienta en el banquillo de los acusados por cuatro autos judiciales que dictó entre mediados de septiembre de 2018 y mediados de diciembre de ese año cuando instruía, en sustitución del magistrado recusado Manuel Penalva, el caso Cursach, la macrocausa relativa a la supuesta trama de corrupción en torno al magnate de la noche. El veterano juez abrió una pieza separada secreta ese verano para investigar qué funcionarios públicos podían haber facilitado a la prensa información reservada o secreta de este entramado de corrupción.

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