El caso de la requisa de móviles a periodistas, el llamado caso Móviles, queda visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). Después de una maratoniana jornada de declaraciones que ha empezado pasadas las 9.30 de la mañana con el interrogatorio del acusado, el magistrado ya jubilado Miguel Florit, que ordenó la incautación de los términales, pasando por los periodistas afectados, los representantes de sus medios, el fiscal anticorrupción Juan Carrau, que validó la actuación o los policías que intervinieron los móviles, las partes han mantenido sus peticiones iniciales: la acusación de Diario de Mallorca, Europa Press,para el magistrado, mientras Fiscalía, Abogacía del Estado y defensa reclaman su absolución.

"El magistrado, olvidando su función de garante de derechos fundamentales, acepta peticiones aberrantes de la policía judicial acordadas por el ministerio fiscal", ha empezado sus conclusiones el letrado de la acusación, Nicolás González-Cuellar. "Nadie pone en duda el debar de fidelidad de los funcionarios", ha planteado el letrado, que ha defendido que "la verdad no puede ser obtenida en el proceso penal a cualquier precio" como es el secreto profesional de los periodistas. González-Cuellar ha recordado la jurisprudencia europea "prohíbe afectar el secreto de los periodistas en los casos de infidelidad de los empleados públicos", ha recordado el letrado, que ha recortado que se trata de un "derecho vital para la libertad de prensa".

Por su parte, el fiscal superior Bartomeu Barceló ha considerado que "no es descabellado" que Florit dictara los cuatro autos: "Se limitaban a pedir un listado de llamadas y la geolocalización", defiende. "Florit no es un delincuente, no ha cometido ningún delito", ha sostenido el fiscal, que ha defendido que "no supone ningún quebranto del secreto profesional". La abogada del Estado, por su parte, se ha centrado en cuestionar el perjuicio al periodista Francisco Mestre, llegando a asegurar "si la vida no le ha cambiado a mejor", poniendo sobre la mesa los premios recibidos por el periodista en apoyo del sector o las movilizaciones en protesta por la requisa de los móviles.

El abogado defensor del juez Florit, Josep Zaforteza, ha argumentado por su parte que las filtracioens en prensa "ocurren desde 2007" y que "no es de recibo" que personas investigadas en causas judiciales tuvieran conocimiento antes por los medios que por los tribunales. "El señor Florit hace lo que tiene que hacer", ha pronunciado el letrado, que ha señalado que la "alternativa era intervenir el móvil del juez o del fiscal, que no puede, o del grupo de blanqueo, que ya sabían que se estaba investigando". "El juez Florit no hizo ninguna caza de brujas, hizo una búsqueda selectiva, y únicamente requirió los móviles a dos periodistas", ha mantenido. Zaforteza ha justificado que "el secreto profesional no es un derecho absoluto" y ha acusado a los periodistas afectados de haber actuado de "correveidile" por publicar las informaciones.

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