El juez Enrique Morell, que instruye las piezas principales del denominado caso Cursach, ha dictado un auto por el que ordena que se juzgue al empresario nocturno y a otros 23 acusados, que se enfrentan a graves delitos. El magistrado, además, impone a los 24 acusados que abonen una fianza de forma solidaria que alcanza hasta los seis millones de euros. En el caso de que no paguen esta cantidad económica, el juzgado procederá al embargo de sus bienes.
Con este auto judicial, Bartolomé Cursach se sentará en el banquillo de los acusados junto a varios de sus empleados, políticos, funcionarios y policías locales de Palma. Todos ellos han sido los principales protagonistas del llamado caso Cursach.
El juez entiende que está más que justificado que, además del empresario, el banquillo de los acusados lo ocupen Bartolomé Sbert, ejecutivo de ocio; Jaime Lladó, director de la discoteca Tito´s; Arturo Segade, exjefe de sala de la discoteca; Pilar Carbonell, exdirectora general de Turismo; Bernardino Seguí, exarquitecto de la conselleria; Julián Garau, celador jubilado de Cort; y los policías locales Antonio Bergas (jubilado), Juan Miguel Mut, Bartolomé Capó, Gabriel Torres, Feliciano Franco, Gabriel Mayol, Josep Mayans, Miguel Estarellas, Rafael Amengual, Carlos Vallecillo, Carlos Tomas, Nicanor Góngora, Felipe Florit, Rafael Estarellas, Tomás Mas: y el funcionario de Calvià, Jaime Nadal.
La fiscalía Anticorrupción solicita que por este juicio el empresario nocturno sea condenado a ocho años y medo de prisión y se le acusa de pertenecer a un grupo criminal, además de prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones. A estos delitos se suman otras acusaciones contra los otros imputados.
Además de la fiscalía, otros empresarios que se sienten perjudicados por la trama también han presentado sus respectivos escritos de acusación.
En el relato que se presentará ante el tribunal de la Audiencia que juzgue este caso se detalla el método que impuso el Grupo Cursach para dominar todo el negocio nocturno. La empresa, según las acusaciones, tenía a sueldos a policías locales de Palma, que se encargaban de proteger los locales de Cursach, a la vez que perseguían a los negocios de la competencia. Los perjudicaban realizando constantes e injustificadas inspecciones, hasta el extremo de que la situación les obligaba a cerrar los negocios y a venderlos a un precio por debajo de su valor.
Pero además de la Policía, también se controlaba otros departamentos de la administración que influían en el desarrollo de los negocios del Grupo Cursach. Así, esta influencia se extendía, según la acusación, por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, por el Ayuntamiento de Calvià y por la conselleria de Turismo. Las acusaciones mantienen que los directivos del grupo nocturno sobornaban a los funcionarios, hasta el extremo de que casi les obligaban a que aceptaran estos regalos. Si no lo hacían, se les amenazaba con un rosario de denuncias o querellas.
Otro de los delitos que describen las acusaciones se focalizaría en la discoteca Tito’s, en concreto en la sala Vip. Allí se habrían organizado fiestas privadas para los policías locales que se encargaban del control de los negocios, que se veían recompensados con relaciones sexuales con prostitutas y con el consumo de drogas y alcohol.
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