La propuesta que han planteado tres de los cinco policías locales de Palma que fueron condenados por agredir a un detenido, ha provocado una gran indignación, tanto a nivel interno, como político, debido a la gravedad de los hechos por los que fueron sancionados.

Estos agentes fueron sentenciados en base a una grabación de la agresión, que fue recogida por la cámara de seguridad del cuartel de Sant Ferran. Un ciudadano había sido detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial. El conductor mantuvo una discusión con los policías y éstos decidieron inmovilizarlo en una silla. En la imagen se pudo observar cómo primero un agente le propinó varios puñetazos y más tarde otro funcionario le dio varias patadas mientras la víctima permanecía con las manos atadas.

La noticia adelantada ayer por Diario de Mallorca, en la que se informaba que tres de estos policías habían solicitado su reingreso a la Policía Local, después de haber sido expulsados, también provocó este miércoles una gran indignación en las redes sociales. La mayoría de internautas criticaron la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda aceptar esta petición, aunque el estatuto básico de empleado público permita el reingreso de policías que han sido suspendidos tras ser condenados por un delito.

Según pudo constatar ayer este periódico a través de varias fuentes, tampoco sentó bien esta propuesta en el propio cuartel de Sant Ferran, ya que muchos agentes consideran que no es una buena imagen para el cuerpo que tres agentes, que han sido expulsados por torturar a un detenido, puedan recuperar la condición de autoridad, lo que les permite, además de poder llevar armas, proceder a practicar detenciones.

Aunque parece ser que la concejalía de Seguretat Ciutadana se está planteando la posibilidad de aceptar este reingreso, esta decisión podría provocar discrepancias en el equipo de gobierno de Cort, ya que no todos los partidos que gobiernan están dispuestos a aceptar que los tres policías locales vuelvan a vestir el uniforme.

Cabe recordar que dos de los cinco agentes que en su momento fueron condenados por esta agresión también están implicados en el caso Cursach.

El estatuto del empleado público posibilita al ayuntamiento de Palma a rechazar la petición de reingreso.

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