Tres de los cinco agentes de la Policía Local de Palma que fueron condenados por torturar a un detenido en el cuartel de Sant Ferran han solicitado formalmente su readmisión al cuerpo. Estos agentes perdieron la condición de funcionarios y también la de agentes de la autoridad después de que se declarara la firmeza de la sentencia dictada por la Audiencia de Palma.

Inicialmente solo se juzgó a cuatro de los policías que intervinieron en este incidente. Sin embargo, las imágenes de la agresión reflejaban la intervención de un quinto policíaintervención de un quinto policía, que más tarde sería identificado y juzgado. Este quinto funcionario, que además también está implicado en la trama corrupta de la Policía Local, vinculada a Bartolomé Cursach, se declaró culpable y ni siquiera fue necesario que explicara al juez su intervención en los hechos.

Las penas de cárcel que impusieron los jueces se fijaron entre un año y un año y medio. Sin embargo, ninguno de los policías llegó a entrar en prisión por estos hechos, dado que no tenían antecedentes. Los jueces, además, añadieron la pena de inhabilitación especial, una figura jurídica que permitió al Ayuntamiento de Palma expulsar a los policías condenados y retirarles su condición de funcionarios. Las cuatro primeras expulsiones se aprobaron en la Junta de Gobierno de Cort en octubre de 2016 y la quinta en enero de 2018.

Los hechos que declararon probados los jueces establecen que la agresión al detenido ocurrió en el mes de mayo del año 2011. La víctima fue inmovilizada y se le obligó a permanecer sentada en un banco, con las manos esposadas por debajo el asiento. En la imagen que quedó grabada en la cámara de seguridad del cuartel se podía observar toda la secuencia de la agresión.

El arrestado, que había mantenido un cruce de insultos con los policías, recibió varios golpes con los puños y diversas patadas. Resultó lesionado en la boca y en el estómago. En la grabación se observa también con claridad cómo un oficial de policía desvía la trayectoria de la cámara para que no quedara reflejada la agresión. Este policía que manipuló la cámara también está implicado en la trama corrupta de la Policía Local.

El Ayuntamiento aplicó un artículo del estatuto básico de empleado público para justificar esta expulsión del cuerpo. Además de perder su condición de funcionario, y a la vez de agente de la autoridad, los condenados se vieron obligados a entregar las armas y la placa.

El departamento de función pública del Ayuntamiento, área que se encarga de los temas que afectan a los funcionarios, se han limitado a recibir estas tres propuestas para reincorporarse al cuartel de Sant Ferran. Al parecer, los otros dos policías también estarían planteando solicitar su reingreso, aunque todavía no lo han hecho.

Solicitan su readmisión

La misma ley que regula la figura del empleado público dispone de un artículo que se refiere a la rehabilitación de la condición de funcionario. Este artículo señala que estos funcionarios pueden ser readmitidos "con carácter excepcional", pero que lo tienen que pedir ellos mismos. Si se acepta esta propuesta de estos policías, agentes del orden condenados por torturar a un detenido, recuperarían la condición de autoridad, podrían ir armados y tendrían la potestad de poder detener. De momento, esta propuesta ha sido registrada en el Ayuntamiento, si bien el departamento que tendrá que resolverlo no se ha pronunciado. La ley permite la readmisión, pero tampoco obliga. Depende de los hechos por los que han sido condenados.

No sería la primera vez que Cort readmite a policías locales condenados, pero ninguno de ellos lo había sido por dar una paliza a un detenido que tenía las manos atadas bajo una silla. Este joven había sido llevado al cuartel de Sant Ferran por un presunto delito contra la seguridad vial. Los policías se beneficiaron de que el caso se instruyó con lentitud y por ello se pudieron beneficiar de una atenuante, que redujo la condena.

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