Més se unió ayer al rechazo mostrado por Podemos al plan de vivienda presentado por el conseller Marc Pons, dejando claro que no está consensuado entre los socios del Ejecutivo a pesar de que en un principio estaba previsto aprobarlo este viernes en el Consell de Govern. "Es la propuesta del conseller, no un Decreto Ley que esté acabado", dijo Joana Aina Campomar, diputada de Més respecto a la falta acuerdo entre Podemos, Més y el PSIB.
Este fin de semana el responsable de la secretaría de vivienda de Podemos, Aitor Morras, dejó claro la oposición de su partido a la cesión de suelo público a promotores privados por un máximo de 75 años, prevista entre las medidas. La diputada de la formación morada Esperança Sans incidió ayer en esta postura. "Debe ser el Govern, o bien las cooperativas, las que gestionen la vivienda pública", sostuvo Sans.
Campomar fue menos concreta en las cuestiones del plan con las que no esta de acuerdo Més, pero sobre todo incidió en que no hay consenso entre los socios del Govern. En este sentido, afirmó que el problema de la vivienda es una "prioridad", pero el decreto debe ser "debatido" y "consensuado entre todos", de tal modo que "debe salir con el acuerdo de todas las partes".
"Aún le falta camino por recorrer", añadió la diputada ecosoberanista respecto al decreto. Afirmó que Més no se opone a la "colaboración público-privada ante el déficit de vivienda", siempre y cuando "se preserve que se trata de suelo público" y "se valore qué tipo de cesión es la más adecuada".
Desde el PSIB, la portavoz parlamentaria, Silvia Cano, afirmó que las medidas anunciadas por el también socialista Marc Pons estaban consensuadas "a grandes rasgos" con Podemos y Més, aunque "no los detalles". Cano se mostró convencida de que "da tiempo esta semana" para llegar a un acuerdo antes del viernes y mostró su apoyo al "conjunto de medidas" propuestas por Pons para paliar el problema del acceso a la vivienda.
"Hay margen para llegar a un acuerdo", insistió la portavoz socialista. Esperança Sans también consideró que "aún queda tiempo para poder consensuar" las medidas, para lo cual el conseller Marc Pons prevé reunirse esta semana con Aitor Morras. La diputada de Podemos insistió en que "hay mucha vivienda construida donde no vive nadie, o que se está utilizando para alquiler turístico ilegal, y que se podría poner en el mercado para facilitar el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible a todas aquellas familias o jóvenes que lo necesitan".
Además, defendió que en el observatorio de la vivienda estén representadas todas las entidades que trabajan por una vivienda digna. "Estas plataformas deberían formar parte de este observatorio, al igual que la Universitat balear, que sería una entidad muy adecuada para sacarlo adelante", dijo Sans tras rechazar que se coloque a Impulsa al frente del observatorio ya que eso sería como "poner al zorro a guardar las ovejas".
El desacuerdo en el seno de los socios del Govern fue utilizado por el presidente del PP, Biel Company, para quien "el PSIB está en una encrucijada, ya que quiere aplicar políticas del PP, pero no sabe como esconderlo". Company aprovechó para defender el proyecto de ley presentado por el PP en el Parlament, que se basa en "potenciar más vivienda en el mercado a precio asequible recudiendo la presión fiscal y facilitando la financiación", aunque dio por hecho que el Pacto rechazará su propuesta.
La portavoz adjunta parlamentaria de Cs, Patricia Guasp, mostró su acuerdo con la propuesta de Marc Pons de entregar suelo público a promotores privados, aunque lo consideró insuficiente. Guasp ofreció a la presidenta Francina Armengol traer al Parlament el plan de medidas para "consensuarlo entre todos" si tiene "problemas" para sacarlo adelante con sus socios de Govern.
