Agilizar los trámites para edificar vivienda protegida, ceder suelo público para este tipo de promociones y reforzar la posibilidad de hacer residencias más pequeñas y elevar su número en un edificio son algunas de las medidas presentadas hoy y que el Govern tiene la intención de aprobar por vía de decreto ley con la mayor celeridad posible, preferentemente este próximo viernes. Otra novedad es que el Ejecutivo autonómico se reserva el derecho de tanteo y retracto para quedarse con los inmuebles procedentes de desahucios y daciones en pago cuando un gran tenedor pretenda venderlos a otra gran empresa.

La reunión de la mesa de la vivienda de Baleares, en la que ha estado presente la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha servido para presentar las 25 medidas con la que el Ejecutivo pretende hacer frente al problema de los elevados precios inmobiliarios de las islas.

Tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado sábado, este plan contempla que en el suelo público para equipamientos que aún no se haya desarrollado se permitirá también la construcción de viviendas para alquiler asequible, que podrán ser impulsadas tanto por la propia Administración como por los promotores privados, aunque éstos deberán aceptar los límites en el precio que fije el Govern y además que solo podrán explotarlas por un máximo de 75 años, ya que luego pasarán a ser de titularidad pública.

Además, se refuerza la posibilidad de que en los edificios destinados a la vivienda protegida el tamaño medio de éstas pase a ser de 60 metros cuadrados, lo que facilitará que sean más pequeñas pero se puedan hacer más en cada promoción.

También se quiere agilizar su tramitación al permitir que los colegios profesionales elaboren los informes de idoneidad del proyecto, descargando así de trabajo a los Ayuntamientos.

Otra de las medidas a destacar es que cuando un gran tenedor, como un banco, tenga viviendas fruto de desahucios y daciones en pago, y pretenda venderlas otra gran empresa (como serían los denominados fondos 'buitre'), el Govern podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto para quedarse con ellas y aumentar así el parque de residencias públicas.

Además, los grandes tenedores, como los bancos, no podrán iniciar un proceso de desahucio si no han ofrecido antes a los inquilinos un alquiler social, que no podrá superar el 30% de sus ingresos.