La Cámara de Comercio de Mallorca organizó ayer una jornada para analizar las consecuencias que puede tener la negociación del Brexit en el sector agrícola de la isla. Una jornada que contó con la participación, entre otros, de Carmen González, subdirectora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, y Gabriel Trenzado, director de las cooperativas. También intervino el representante de la empresa de sa Pobla, Juan Mateu, que se dedica a la exportación alimentaria.

El empresario mostró su preocupación por los próximos meses en los que se van a negociar las condiciones, en cuanto a las exportaciones de alimentos, que impondrá el Reino Unido al aplicar el Brexit. Mateu explicó que hace casi un siglo que sa Pobla vende patatas en el Reino Unido. El año pasado, de las 8.000 toneladas de este producto que España vendió a Inglaterra, el 85 por ciento, es decir, 7.000 toneladas, se habían cultivado en sa Pobla.

Es por tanto uno de los mercados principales de los agricultores de esta localidad que, además, también distribuyen en otros países. El empresario se mostró preocupado por los cambios que puede sufrir esta relación comercial. Se teme que si Inglaterra impone aranceles a las importaciones, esta medida supondrá un grave revés para el mercado de la patata, puesto que no podrá competir en precios.

También preocupa el transporte, ya que si se obliga a los camiones a detenerse en la frontera, se producirán grandes colas de vehículos. Por ello, se tendrá que dedicar más tiempo y más dinero a este envío del producto, y ello afectará también a la competitividad. Mateu aseguró que la pérdida del mercado británico podría representar la ruina para los agricultores de patatas de sa Pobla, por la gran salida que tiene este producto.

Carmen González, del ministerio de Agricultura, explicó las dificultades que supondrá alcanzar un acuerdo antes de final de año para determinar las nuevas relaciones comerciales con Gran Bretaña. Explicó que el objetivo de la Unión Europea es mantener las mismas relaciones que hasta ahora, es decir, que los productos que se venden en este país no tengan que abonar aranceles, lo que supondría un aumento del precio para el consumidor. Explicó que el 8% de los productos agrícolas que vende España se envían al Reino Unido, con lo que un cambio en las condiciones supondría un gran revés económico.

Gabriel Trenzada, que representa a todas las cooperativas agrícolas del país, también temió las consecuencias negativas para el sector que supondría si Gran Bretaña detiene en su frontera a los camiones que transportan estos productos españoles. Los más perjudicados serían los alimentos perecederos, ya que muchos podrían pudrirse. Trenzada señaló que si los agricultores españoles no pueden comercializar sus productos en Inglaterra, tendrán que buscar otros mercados con el peligro de que se produzca una saturación y una pérdida de competitividad.