El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha respaldado al Consell frente a la demanda que interpuso Mac Insular, la empresa que gestionaba el tratamiento de los escombros en la isla, y en la que reclamaba 32 millones de euros a la institución insular.
La empresa alegaba pérdidas económicas millonarias acumuladas en el tiempo y culpaba al Consell por su supuesta "pasividad" ante la proliferación de vertederos ilegales. Mac Insular cifró su agujero en 32 millones de euros. "El desequilibrio se produce porque el Consell incumple la obligación contractual de revisar anualmente las tarifas, y porque se muestra pasivo en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, control, inspección y sanción de los vertidos ilegales", afirmó la adjudicataria en su denuncia.
El TSJB indica en su sentencia que Mac Insular contrató con el Consell según "el principio general de riesgo y ventura del contratista", y subraya que, si bien "la previsión de entrada de residuos por parte de la Administración había sido errónea", la empresa "no es ajena porque "era conocedora del mercado".
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