En los procesos de divorcio, de violencia de género y en todos aquellos que impliquen a menores de edad, son necesarios unos informes elaborados por equipos psicosociales que evalúan la situación de los padres. Los abogados de familia denunciaron ayer que en España estos informes pueden demorarse entre seis meses y un año. En Balears, donde la dotación es especialmente deficiente, estos estudios pueden retrasarse hasta dos años.
Y estos retrasos pueden provocar la desprotección de los menores así como “situaciones de violencia”. Al no haber nada dictaminado por un juez (a la espera de que lleguen estos informes realizados por psicólogos y trabajadores sociales), es más fácil que los padres discutan y se vulneren acuerdos de visitas y pagos alcanzados en principio de buena voluntad.
“Hasta que no me lo diga un juez no te dejo ver al niño; en teoría te tocaban los niños este fin de semana pero como no está escrito en ningún lado no te los llevo; te dejo de pagar la pensión hasta que me obligue un juez... los retrasos echan más leña al fuego de una situación conflictiva y, si no hay medidas previas adoptadas provisionalmente a la espera de estos informes, puede llegarse a una situación de violencia, se está al albor de la racionalidad de los padres o de si hay y se mantiene una buena relación”.
Así lo explicó ayer a este diario Mariló Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEFA), entidad que ayer presentó un informe denunciando estas carencias del sistema judicial para atender los procedimientos de familia.
La ley no fija un plazo máximo para que los equipos psicosociales hagan sus informes técnicos, que informan a los jueces sobre las capacidades parentales de los progenitores y la idoneidad en cada caso del modelo de guarda, el régimen de visitas y la comunicación del menor con sus padres.
Estos informes sirven a los jueces para pronunciarse sobre el modo de relacionarse con los hijos tras la ruptura de la pareja y la tardanza “incide negativamente en las ya complicadas relaciones familiares”.
Según el informe realizado por el Observatorio del Derecho de Familia, hecho a partir de encuestas a 350 abogados de familia de todo el país, en el 60 % de los casos la demora de esos informes supera los seis meses, pudiendo tardar un año o más en tres de cada diez peritajes. Solamente el 34% de las evaluaciones se realizan dentro de un plazo asumible de seis meses. El 90% de los encuestados señaló que estos informes son “determinantes” en la decisión que después adopta el juez.
Balears, por encima de la media
En las islas la situación es “especialmente mala”, aseguró Lozano, que tiene la visión nacional como presidenta de AEFA pero al ser mallorquina y ejercer aquí conoce bien la realidad de Balears, que junto a Canarias es la comunidad autónoma con más procedimientos de familia de todo el país: “Ambos archipiélagos están por encima de la media nacional en este tipo de asuntos”.
“En Balears los equipos psicosociales dependen directamente del ministerio de Justicia, al no estar transferidas las competencias”, aclaró, “aunque lo que influye aquí es el dinero y la inversión que se haga, provocando que estos procesos se dilaten más o menos”.
“Desbordados”
Las salas de España, y en particular de las islas, están “desbordadas por falta de medios y el trabajo se acumula para los equipos psicosociales”, denunció Lozano, quien recordó que en estos casos está en juego en primer lugar la protección del menor y sus intereses, así como los de toda la familia: “Son decisiones que afectan a todos los miembros de la familia”.
“El sistema tal y como está planteado hoy provoca situaciones de violencia”, indicó. ¿Cómo está planteado? “Como en el siglo pasado”, lamentó la abogada, cuando la litigiosidad “ha aumentado y cambiado” en los últimos 30 años.
Una vez más, Lozano insistió en la necesidad de avanzar y ampliar la “jurisdicción especializada” en Familia. En el caso de las islas, recordó que en Palma hay cuatro juzgados de Familia, pero que en Inca, Manacor, Menorca e Eivissa no existen, algo que la abogada tacha de clara “discriminación según el lugar de residencia”.
