El Govern no volverá a autorizar la apertura de ningún salón de juego en Baleares, salvo que otro local se dé de baja. Así lo ha anunciado esta mañana el vicepresidente del Ejecutivo, Juan Pedro Yllanes, que en una comparecencia parlamentaria ha anunciado las medidas que se han adoptado para controlar el sector del juego, que en Baleares mueve cientos de millones de euros.
Yllanes ha anunciado que ya se viene aplicando la moratoria, por la que se da un plazo de 24 meses para autorizar nuevos salones y ha señalado que se ha aumentado el control para evitar la entrada de menores y de personas adictas a esta actividad, que se han autoexcluido.
El Govern, el año pasado, tramitó 136 expedientes sancionadores contra empresas de este sector y anunció que 36 de ellas eran por permitir el acceso de menores.
Yllanes ha explicado que, además de regular el sector, la principal preocupación es prevenir la adicción y ha recordado que el 30 por ciento de adictos empezaron a jugar siendo menores, lo que consideró que era un grave problema social, que merecía la intervención de la autoridad.
El vicepresidente ha facilitado el dato de que en las islas hay 160 salones de juego autorizados y 5.000 máquinas trageperras, por lo que demostraba que este sector es muy rentable. Mostró su preocupación por la proliferación del juego online y, pese a que el Govern no tiene competencias para su regulación, ha dicho que en Inglaterra se ha prohibido realizar estas apuestas mediante tarjetas de crédito, una medida que consideró adecuadas para regular esta actividad.
Yllanes ha afirmado que el Govern no va a permitir que Baleares se convierta en Las Vegas del Mediterráneo y consideró que es muy necesario que se adopten todas estas medidas para controlar a estas empresas, y recordó que muchas de estas empresa vienen rebotadas de otros países.
El responsable del área ha considerado necesario que se firme un pacto autonómio para que estas medidas se prolonguen más allá de esta legislatura, porque ha insistido en que la adicción al juego es un asunto grave de salud pública.
Sobre las medidas que se han adoptado hasta ahora, el vicepresidente ha señalado que esta moratoria de 24 mess es la más contundente que se ha adoptado en todo el Estado y ha apostillado que le consta que el Gobierno central tiene intención de regular este sector.
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