Una sentencia dictada por la Audiencia de Palma critica la falta de medidas de seguridad, que motivaron que un menor, armado con un cúter, atacara a un vigilante de seguridad que quiso reducirlo. Debido precisamente a esta ausencia de una vigilancia adecuada, el tribunal ha establecido que la indemnización que debe recibir el vigilante, por las lesiones que sufrió, la tenga que abonar la Fundació s'Estel, responsable de la gestión de los centros de reclusión de menores. La indemnización alcanza los 5.000 euros.
Los hechos ocurrieron hace tres años en el centro socioeducativo es Pinaret, que depende del Govern. Un menor (en la actualidad es mayor de edad) entró en las oficinas del centro y empezó a tirar los ordenadores al suelo. Su reacción violenta se produjo instantes después de que se le comunicara una sanción disciplinaria.
Cuando cometió los hechos el menor llevaba escondida una hoja de cúter dentro de su boca. La había cogido de un taller de formación en el que estaba participando.
Como consecuencia del incidente que se inició en la oficina, tuvo que intervenir el vigilante de seguridad del centro de reclusión. Intentó reducir al menor, pero éste le realizó un profundo corte en la mano, además de propinarle golpes y patadas. En el forcejeo ambos cayeron al suelo. A raíz de la agresión el vigilante tuvo que someterse al protocolo de accidentes biológicos para descartar una posible infección que pudo transmitirle el agresor. Este protocolo, de una duración de un año, le obligaba a someterse a una serie de controles y analíticas.
Por esta agresión, el menor fue condenado por un doble delito leve. Además de una pena de multa, se le obligaba a indemnizar al vigilante con unos 5.000 euros por las lesiones sufridas. Sin embargo, la apelación a la sentencia ha sido aceptada por el tribunal, que establece la responsabilidad civil de la Fundación s'Estel, que es la que se encarga de la gestión de estos centros de reclusión de menores.
El tribunal cuestiona que no se adoptaran las medidas de seguridad suficientes para evitar que el menor pudiera apoderarse de un objeto cortante, que escondió en la boca. Recuerda la sentencia, que una de las principales obligaciones del centro, y también de la propia administración autonómica, "es la de garantizar la vida e integridad física de los internos y, por descontado, de las personas que se encargan de su custodia".
Los jueces señalan que los responsables del centro "omitieran las cautelas necesarias, fuera por falta de medios o de organización, para evitar el riesgo innecesario para el personal que trabaja en el centro". Y, además, añade que ser "empleado de seguridad no conlleva asumir sin protección cualquier riesgo para su vida".
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