Magaluf está muerto. Deambulando un día de febrero por sus calles desiertas repletas de bares, comercios y hoteles cerrados cuesta imaginar que estamos en el meollo del desenfreno. Punta Ballena y sus alrededores, una de las tres zonas de la razón de ser del decreto ley contra el turismo de excesos. La norma del consenso. O no tanto. Al conseller Iago Negueruela le ha salido un grupo de contestatarios.

"Estoy en la zona cero del decreto". Habla Cristoph Gräwert, gerente del hotel Samos. La norma balear que se presentó arropada de éxito nacional e internacional en la pasada feria de Fitur se aprobó el 23 de enero, día de su publicación en el BOIB. Cuatro días después el Samos abrió sus puertas, está a pleno rendimiento gracias a los turistas del Imserso.

El hotel Samos hizo una gran reforma. El año pasado aumentó su categoría de tres a cuatro estrellas. En el comedor se eliminaron cámaras que albergaban vino y cerveza y se cambiaron por autodispensadores. Ahora están prohibidos por el artículo 6 del decreto. "Tengo que quitarlos. ¿Qué hago, traigo una excavadora con el hotel abierto?".

Cristoph se ha aprendido el decreto casi al dedillo. El Samos y otros sesenta hoteles son los que quedan directamente afectados por las prohibiciones del decreto que quiere terminar con el turismo de borrachera.

La norma limita las bebidas alcohólicas a tres en los servicios de comida y cena en el todo incluido. Y aquí está el quid de la cuestión. Y la razón por la que se ha creado la Plataforma en Defensa de la Calidad Hotelera, que salió la semana pasada a la palestra, "en legítima defensa", dice su representante legal, Antoni Monserrat.

El exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears asegura que no están "en contra" del objeto de la normativa, pero "sí de la forma" en sacarlo adelante. En lugar de que se aprobara como decreto-ley pretendían que se tramitara como proyecto de ley, para poder hacer aportaciones. Además, les hubiera gustado más un nombre que aludiera "a la calidad y no contra los excesos".

Monserrat considera que era necesaria una medida legal, pero "el primer error es que culpabiliza al todo incluido", limitando las bebidas alcohólicas, "del desmadre en las calles por la noche".

Los hoteleros afectados ven un gran impedimento en la aplicación del decreto esta próxima temporada, pues la norma exceptúa de la limitación de bebidas en el régimen de todo incluido a los contratos ya firmados antes de su entrada en vigor. "¿Cómo controlo a 800 personas con los autodispensadores?", interpela Cristoph Gräwert, quien por cierto apela a que ese sistema produce menos residuos que la venta de alcohol en envases.

Simón Escalas es otro de los empresarios que se ha adherido a la plataforma. Su hotel Flamboyan Caribe también se encuentra en la zona cero del decreto. Explica que ya tiene la mitad del hotel con contratos firmados y se aventura a imaginar cómo será una jornada en el comedor la próxima temporada: "Tendremos que hacer listados de los clientes que tienen el todo incluido sin limitación de alcohol y que un camarero les esté preguntando el número de habitación para ver a qué tienen derecho". Se vaticina caos.

Al respecto Monserrat alega que "obligar a que solo se puedan tomar tres bebidas" va contra la libertad individual, la de comercio y la igualdad de oportunidades. Y Gräwert añade que menos mal que las contrataciones del programa de turismo del Imserso han quedado fuera del decreto: "Se incluye, pero no lo habían previsto, es una norma poco madurada".

¿Zonificación a la carta?

Pero sin duda uno de los puntos que causa mayor fricción entre los hoteleros es que el decreto "provoca discriminación" con la delimitación de las zonas afectadas dentro de las áreas que regula la norma, apunta Antoni Monserrat.

"Mi vecino sí que puede ofrecer el todo incluido sin límites. Yo voy a tener menos clientes y tendré que bajar los precios", se queja Gräwert. Se refiere al hotel Sol Katmandú u otros tres hoteles de la cadena Meliá que han quedado fuera de la zonificación.

"Nos ha molestado que según en qué distrito postal estás te afecta la prohibición y en otro hotel a 50 metros del tuyo no", expone Escalas. "Nos quitan un arma comercial y habrá que hacer ofertas de manera que vendrán clientes más barateros". Es decir, del modelo turístico que se quiere diferenciar Balears. "El problema no es el todo incluido, sino la gente que está en la calle bebiendo". El hotelero está molesto. "Todos pagamos los mismos impuestos", subraya, por lo que "si hay prohibiciones deberían ser para todo el municipio". Considera que son objeto "de un agravio comparativo".

La Plataforma en Defensa de la Calidad Hotelera ha hecho una ronda con los grupos parlamentarios, con los que han tenido la oportunidad de exponer sus argumentos, excepto con el Partido Popular, que no les ha atendido. "El PSOE y Unidas Podemos nos recibieron especialmente bien", dice Monserrat.

Los hoteleros advierten que el decreto tendrá consecuencias en el empleo porque si merman las contrataciones de todo incluido en sus hoteles tendrán que reducir plantillas. Otro impedimento que ven es el documento que deben firmar los clientes informándoles de las normas. "¿Cómo hago cuando ventan tres grupos a la vez"?, se pregunta Gräwert.

Unos metros más allá del hotel Samos, Juan Enrique del Moral también ve "discriminatoria la zonificación", desde su supermercado afectado por ella. "¿El Aldi no está en Magaluf?", se pregunta.

Su negocio abre once meses al año - "soy el único valiente- y da servicio a los residentes. "Por sentido común nos tendrían que haber dejado abiertos hasta las once de la noche. Un señor que salga a las diez de trabajar tendrá que irse a Palmano va a comprar".

"La batalla está perdida, pero queremos que los políticos reflexionen", dice Escalas.

Otro aviso del hotelero: "A menos de 100 metros" de la zona cero del decreto los hoteles libres de restricciones "están subiendo los precios un 30%".

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