El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán defendieron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TJSIB) la instrucción que realizaron de la macrocausa de corrupción policial en Palma, conocida como el caso Cursach, el magnate de la noche en Mallorca. Ambos declararon en calidad de investigados en el TSJIB por su condición de aforados. Están acusados de los presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación, deslealtad profesional y detención ilegal. Los dos juristas negaron todos los cargos y alegaron que la causa que investigaban era "dura", contra una mafia. Su declaración empezó poco antes de las diez de la mañana de ayer y terminó sobre las tres menos cuarto de la tarde.

Los dos investigados solo contestaron a las preguntas de la fiscalía y el magistrado instructor. En su declaración ante el magistrado del TSJIB Carlos Gómez, tanto Penalva como Subirán defendieron las decisiones que tomaron meses atrás durante la instrucción del caso, así como las medidas preventivas que ordenaron. En referencia a los ingresos en prisión provisional acordados de tres detenidos en el caso IME, una pieza separada del caso Cursach relativa al Institut Municipal de l'Esport (IME) de Palma, indicaron que estas resoluciones estaban bien justificadas y motivadas porque existía riesgo de destrucción de pruebas.

También rechazaron haber aplazado de manera irregular la toma de declaración a algunos testigos debido a que el día previsto no había tiempo suficiente para esta prueba. El interrogatorio de estos testigos finalmente se llevó a cabo dos días después.

Los dos juristas señalaron que no entendían por qué se les investigaba a ellos y recalcaron que ellos solo habían perseguido la corrupción. Ambos insistieron en que no hubo ningún tipo de irregularidad durante la instrucción de la macrocausa. Además, negaron de forma tajante haber aleccionado o coaccionado a testigos del complejo procedimiento.

El interrogatorio a los dos aforados, dirigido por el juez Carlos Gómez, tuvo lugar en una sala del TSJIB en presencia de los fiscales anticorrupción de Madrid, Concepción Sabadell y Tomás Herranz, y de una treintena de abogados, la mayoría acusaciones particulares en representación de decenas de imputados en el caso Cursach.

Solicitud de vistilla

Uno de los abogados, Vicente Coco Campaner, solicitó una vistilla para pedirles prisión preventiva, pero el magistrado no resolvió su solicitud. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que ambos fueran encarcelados.

Penalva declaró ayer durante una hora y media aproximadamente. El interrogatorio, que se preveía largo, duró menos de los esperado, ya que no respondió a las preguntas de la treintena de abogados.

Mientras, el fiscal Miguel Ángel Subirán, empezó a declarar minutos antes de las doce del mediodía y terminó sobre las tres menos cuarto de la tarde. Esta es la primera vez que ambos declaran por este caso en el TSJIB.

Los dos juristas reconocieron haber participado en un grupo de WhatsApp con varios policías nacionales del Grupo de Blanqueo. Según su versión, este chat era una herramienta de trabajo. Algunos mensajes y conversaciones fueron reconocidos por los dos investigados, pero otros dijeron no recordarlos. Al ser interrogados sobre algunas expresiones utilizadas, quitaron hierro diciendo que era una forma de hablar. Otras cuestiones fueron respondidas con evasivas.

Los dos aforados trataron de cargar contra el fiscal anticorrupción Juan Carrau, al que empezaron a criticar, pero el magistrado Carlos Gómez recondujo su declaración e impidió que siguieran por ese camino, al no estar presente Carrau y no formar parte en este proceso.

A la llegada de Penalva y Subirán al Palacio de Justicia de Palma sobre las nueve y diez minutos de la mañana, una treintena de personas esperaba frente a la Audiencia. La Policía extremó la vigilancia. En el momento que el abogado Vicente Coco Campaner entraba en el edificio, fue aplaudido.