El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, que mañana tendrán que declarar como investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), han rechazado por escrito haber cometido prevaricación y detenciones ilegales con ocasión de la instrucción de la pieza separada del caso Cursach relativa al Institut Municipal de l'Esport (IME) de Palma. Juez y fiscal sostienen que el aplazamiento del interrogatorio de unos testigos que la Policía Judicial valora como un indicio de que se pudo decretar irregularmente la prisión de tres detenidos se vio forzado por falta de tiempo y que el envío a la cárcel de aquellos se hizo para evitar que destruyeran pruebas.
Penalva y Subirán serán interrogados mañana, y entre otros extremos, por su actuación en los días en que estalló el caso IME (enero del 2017). El magistrado decretó el ingreso en prisión de tres personas: el empresario Antoni Roig y los altos cargos del IME Antoni Ramis y Alberto Serna.
Según la Policía Judicial, y con base en el análisis de unos mensajes de un foro telefónico con el que se comunicaban los investigadores del caso Cursach con los policías de Blanqueo de Capitales, unas testificales previstas para el 25 de enero se aplazaron dolosamente para justificar la medida de prisión preventiva. Los mensajes revelarían que los investigadores ralentizaron las pesquisas y pidieron documentos innecesarios para fundamentar la medida cautelar.
Los investigados fueron puestos en libertad al cabo de unos pocos días.
Jornadas maratonianas
La defensa de Penalva y Subirán ha argumentado en un escrito que esos días sus representados hicieron jornadas maratonianas y que las testificales del día 25 se aplazaron a dos días después porque en la primera fecha no había tiempo para interrogar a los investigados y a los testigos.
En esas frenéticas horas se pidió y se revisó una abundante documentación relativa a los fondos públicos recibidos por Roig por el mantenimiento de las instalaciones deportivas del IME.
Los dos juristas recuerdan que los mensajes de un foro telefónico son comunicaciones limitadas e imprecisas. De hecho durante la instrucción del caso IME, juez, fiscal y policías hablaron también por teléfono y en persona sobre los pasos a dar y la estrategia a seguir.
Una frase del juez Penalva sobre "no hay excesiva prisa" es interpetrada por la Policía Judicial como una maniobra dilatoria. Por el contrario, la defensa de los dos juristas vincula ese comentario a que, una vez decretada la prisión de los sospechosos, se necesitaba de un período de sosiego para pensar qué había que incorporar a la causa y las diligencias complementarias que se tenían que dar.
"No hay excesiva prisa no significa en absoluto que se ralentice injustificadamente la causa", afirma rotundamente la defensa.
