El Govern balear ha abierto expediente sancionador a ocho comercializadoras eléctricas por presunta publicidad engañosa, al anunciar unas tarifas que no correspondían al precio final dado que no incluían el IVA ni el impuesto especial sobre la publicidad, lo que conllevaba en realidad un coste adicional superior al 27%. Entre las firmas investigadas se encuentra Endesa, Repsol, Naturgy o Cepsa.

La actuación de la Dirección General de Consumo de las islas nace de una denuncia presentada por la asociación de consumidores Facua contra diez comercializadoras eléctricas, y la apertura del expediente sancionador afecta a ocho de ellas: Endesa, Cepsa, CHC Energía, Feníe, Holaluz, Naturgy, Repsol y Som Energía.

El motivo de los citados expedientes es determinar si estas compañías han incurrido en publicidad engañosa, al publicitar tarifas en las que el precio que figuraba no era el que finalmente se iba a cobrar al cliente, al no incluir el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad, induciendo a creer que esas tarifas eran en realidad más bajas, según se señala desde Facua.

La apertura del expediente ha sido confirmada por Consumo, y no supone que finalmente vaya a conllevar una sanción, dado que ahora se trata de determinar si la denuncia estaba justificada.

Sin embargo, el portavoz de esta asociación de consumidores, Rubén Sánchez, señala que hay poco margen para hacer interpretaciones, dado que la legislación es muy clara respecto a la exigencia de que las tarifas que se anuncian deben de incluir el precio final. Además, se señala como ejemplo que Naturgy las corrigió en cuanto trascendió la presentación de la denuncia.

Desde esta organización se indicó que la actitud que han mantenido las citadas eléctricas vulnera tanto la ley general de publicidad como la de competencia desleal.

Rubén Sánchez puso en valor la celeridad con la que ha reaccionado la Dirección General de Consumo de Balears, y consideró que la política que se mantiene sobre esta materia en las islas es excepcional en toda España por la transparencia con la que actúa, tanto cuando estuvo durante la pasada legislatura al frente de la misma Francesc Dalmau (del PSOE) como ahora con Félix Alonso (de Unidas Podemos).

El representante de Facua añadió que en el archipiélago existe una mayor “sensibilidad” en la defensa de los derechos de los consumidores, lo que explica que las denuncias que formula esta organización se presenten por sistema en las islas, junto a otras Administraciones.

Fraudes extendidos

El portavoz de la asociación balear Consubal, Alfonso Rodríguez, calificó de “buena noticia” que se abra expediente a las citadas eléctricas, y consideró que la detección de irregularidades en este sector resulta “poco sorprendente”, alegando que tanto estas firmas como las de telefonía se caracterizan por concentrar un altísimo porcentaje de las quejas formuladas por los consumidores.

En este sentido, señaló que la cuantía de las multas económicas suele ser baja, y que el daño reputacional que se les hace en muy bajo porque “su prestigio ya es mínimo”.

Por su parte, desde Endesa, con una gran implantación en el archipiélago, se ha optado de momento por no hacer declaraciones en relación a este tema.

Sanción reputacional al hacerse público el nombre del infractor

El director general de Consumo de Balears, Félix Alonso, ya adelantó a Diario de Mallorca el mes pasado un cambio en la estrategia de su departamento en la apertura de expedientes sancionadores, al incorporar dentro de las multas no solo una cuantía económica, sino también el hacer público el nombre del infractor en el caso de las faltas graves y muy graves, de forma que la reputación de la firma también se vea afectada. El motivo es que la cuantía de las sanciones previstas en la legislación sobre consumo suele ser baja.

En este aspecto, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha puesto en valor esta estrategia, y ha señalado que debería ser copiada por el resto de Comunidades Autónomas.

Añade que las multas no reparan el daño ocasionado a los consumidores, pero que al menos éstos tienen derecho a conocer qué empresas lo hacen mal.