La fiscalía superior de Baleares recordó ayer, en un comunicado, que las denuncias de casos de prostitución de menores tutelados interpuestas por el Govern y el IMAS del GovernIMASConsell "no suponen sin más y, desde ese momento, la eliminación, paralización o suspensión de sus únicas y exclusivas competencias en la materia". La fiscalía también reclamó al IMAS la habilitación de un servicio de 24 horas para la protección de menores y que Policía y Guardia Civil vigilen los centros cerrados para adolescentes penados, en vez de guardias de seguridad privados. La fiscalía recordó a las instituciones con competencias en la materia que tienen obligación de comunicarle los casos de abusos, explotación sexual o prostitución de menores tutelados, pero esa denuncia no les exime de seguir tutelando a las víctimas.

La fiscalía también considera que "hay que reforzar la seguridad nocturna" de los centros de protección e incrementar las plantillas de profesionales durante dichos turnos.

Desde la fiscalía, y especialmente desde la fiscalía de Menores, "se insiste" en la "urgente necesidad" de la creación de centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, así como la apertura de un centro de reforma en Ibiza.

El ministerio público también quiso destacar la "gran profesionalidad" de las unidades especializadas en la protección de menores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tras la polémica surgida con ocasión de la declaración esta semana en el Parlament de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, sobre la explotación sexual de menores de centros protegidos y el papel de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la misma fiscalía. El ministerio fiscal volvió a repetir que todos los casos de esta naturaleza se investigan con interés.

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