El juez del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Carlos Gómez citó ayer, en calidad de investigados, al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán el próximo día 6 de febrero para ser interrogados en la causa que se sigue contra ellos por los presuntos delitos cometidos durante la instrucción del caso Cursach. Fuentes de la defensa de los dos juristas se alegraron de la citación porque ambos llevan meses intentando defenderse de las imputaciones.

Gómez dictó un auto donde destaca que Penalva y Subirán no han podido declarar en la causa abierta por el juzgado de instrucción 12 de Palma debido a su condición de aforados. Por eso, la primera medida adoptada por el nuevo juez instructor ha sido la de citar a los dos juristas.

Tres delitos

La anterior jueza de instrucción del caso, Carmen Abrines, vio indicios de que ambos juristas podían haber incurrido en prevaricación, revelación de secretos, detención ilegal y deslealtad con la Justicia, pero las múltiples acusaciones particulares y populares personadas en la causa les atribuyen muchos más delitos.

Gómez también acordó, a petición de la fiscalía anticorrupción, prorrogar la instrucción 18 meses para dar tiempo a completar las diligencias.

Penalva y Subirán aseguran ser víctimas de un complot organizado por mandos policiales y el fiscal anticorrupción Juan Carrau para desprestigiar su instrucción y conseguir debilitar el caso Cursach.

Los fiscales anticorrupción de Madrid Concepción Sabadell y Tomás Herranz les imputan, indiciariamente, los delitos de revelación de secretos de materias reservadas del caso Cursach, detención ilegal y prevaricación.

Dos inspectores de Policía encargados del caso, y que coloquialmente son conocidos como Los Juanes, han elaborado varios informes y atestados donde han revisado distintas partes de la instrucción del caso Cursach efectuada por Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, con el auxilio del Grupo de Delincuencia Económica.

Según Los Juanes, juez, fiscal y cuatro policías habrían integrado una organización criminal dedicada a manipular la instrucción del sumario para buscar pruebas, costara lo que costara, contra los investigados.

Los inspectores se basan, entre otros elementos, en los mensajes de un chat telefónico integrado por la mayoría de los sospechosos. Penalva, Subirán y cuatro de los agentes de Blanqueo se comunicaban gracias a ese foro, donde los investigadores han detectado mensajes que podrían acreditar los delitos. En la causa ya han declarado los cuatro policías investigados. Tres de ellos han mantenido que las pesquisas del caso Cursach se ajustaron a la legalidad y han rechazado haber suministrado información reservada de la causa a varios medios de comunicación.

Precisamente el caso fue abierto por el juez Miquel Florit, anterior instructor de la macrocausa, a instancias de las defensas de Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert que se quejaron de algunas informaciones publicadas bajo secreto sumarial.

Florit imputado

Florit dictó en esas diligencias varios autos donde, presuntamente, vulneró el secreto profesional de los periodistas de Diario de Mallorca Kiko Mestre y de Europa Press Blanca Pou. El juez, que ya se ha jubilado, será juzgado el próximo 27 de febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Balears acusado de prevaricación y delitos contra el secreto profesional de los periodistas, la inviolabilidad de domicilio, e interceptación ilegal de las comunicaciones de los periodistas.