El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado al Govern a indemnizar con 45,2 millones de euros al Gobierno central por el rescate de las desaladoras de Santa Eulària y de Ciutadella. Las plantas fueron construidas por el Estado, pero el Govern en tiempos del PP de José Ramón Bauzá y Biel Company no quisieron asumir su gestión al considerar que las obras no se ajustaban a lo acordado. Ello provocó que Madrid tuvo que rescatar la concesión y demandó a la Comunidad Autónoma. Los 45,2 millones que tendrá que pagar el Ejecutivo de Francina Armengol al de Pedro Sánchez suponen un duro revés para las arcas autonómicas.

El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha calificado hoy la sentencia de "totalmente injusta" y ha anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Supremo. Mir ha expresado total respeto a la Justicia y lamentó que esta disputa, que se alarga desde 2011, no se haya resuelto en el ámbito político como viene reclamando el Govern desde 2015.

Las dos desaladoras fueron declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 el Gobierno del Estado y el de la Comunidad Autónoma no firmaron el Convenio para ejecutar las obras.

En septiembre de ese mismo año, el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto y la obra así como la explotación posterior de ambas desaladoras. La de Santa Eulària tenía un presupuesto de 14.191.436 euros (más IVA) y la de Ciutadella, 12.475.089 euros (más IVA). En ambos casos se añadieron modificaciones al proyecto por parte del Ministerio y esto supuso un sobrecoste de 8.020.812 euros para la instalación de Eivissa y de 4.531,875 euros para la de Menorca.Tiempos de Bauzá y Company

Las obras acabaron en 2011 pero el Govern, en concreto siendo conseller de Agricultura y Medio Ambiente el actual presidente del PP Biel Company, se negó a recepcionar al no estar plenamente operativas, ya que no estaban conectadas a la red de abastecimiento. Además, el sobrecoste de las modificaciones representaba un aumento de la tarifa que incumplía el Convenio con el Ministerio.

En diciembre de 2013 las concesionarias pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio, y reclamaron una indemnización de 31.079.658 euros para la desaladora de Eivissa y 32.549.448 euros para la de Menorca. El 29 diciembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se debían abonar 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulària y 19.185.465 euros para la de Ciutadella.

Aunque el Estado era el responsable de conectar ambas desaladoras con las redes municipales de abastecimiento, el Govern se ofreció, a inicios de la anterior legislatura, a asumir estas obras a cambio de que el Estado se hiciera cargo del coste de las instalaciones y de su sobrecoste. Mir ha recordado, en este sentido, "la grave situación de sequía que sufría, especialmente, Eivissa en ese momento, por lo que el Govern ofreció esta solución para desbloquear el conflicto". Sin embargo, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy incumplió su acuerdo y demandó al Govern y el de Pedro Sánchez también se negó a retirar la demanda cuando el anterior conseller, Vicenç Vidal, así se lo pidió.