La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, criticó ayer a Fiscalía afirmado que "de momento, no se ha implicado en resolver estos casos" de menores tutelados explotados sexualmente, ya que la orden interna estatal de actuación ante estos asuntos no los considera prioritarios. Santiago, quien compareció ante la Diputación Permanente del Parlament, precisó que existe un "acuerdo verbal" con las fuerzas de seguridad consistente en que "cuando estas niñas que detectáramos desde los centros de menoresde un centro y estuvieran valoradas como (casos) de presunta o definitivamente explotación sexual infantil", se le diera "prioridad". Sin embargo este "acuerdo verbal" no fue posible ponerlo en el protocolo de actuaciones de Balears porque "necesitan el permiso del Estado para trabajar sobre estos temas".

"La Fiscalía sólo puede acordarlo de manera verbal porque el Estado ha de dar permiso y no lo ha hecho", insistió Santiago, quien precisó que "Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía no se comprometieron a qué harían al no haberse modificado esta orden interna". Precisó que desde 2009 existe una circular de la Secretaria de Estado de Seguridad sobre actuaciones policiales en los casos de desaparición de menores en situación de riesgo en la que no se considera que las de los jóvenes tutelados sea "prioritarias". En este sentido dejó claro que el Govern exigirá al Gobierno central que modifique esta circular para que "se califiquen de alto riesgo", así como un protocolo concreto para los cuerpos de seguridad y más recursos para Fiscalía. Añadió que la falta de recursos hace que cuando llegan los casos de menores explotados a la Justicia, "el expediente puede estar más de un año".

Santiago compareció a petición del PP por el escándalo de los 16 menores tutelados víctimas de explotación sexual en los centros del IMAS, si bien dejó claro que como consellera de Servicios Sociales no tiene "competencias" en este asunto. "No puedo invadir competencias del Consell, no tengo acceso a expedientes de tutela ni autoridad administrativa para pedirlos porque no es competencia del Govern", insistió.

PP, Ciudadanos y Vox le exigieron la dimisión al considerar que es "la máxima responsable"en Balears de todos los menores bajo tutela de la administración. Junto a ello, Cs y Vox pidieron ayer mismos la creación de una comisión de investigación parlamentaria.

La consellera rechazó dimitir afirmando que su departamento ha actuado con "la máxima diligencia y contundencia" en los casos que sí dependen del Govern despidiendo a cinco educadores de los centros bajo su responsabilidad (Es Pinaret, Es Mussol y Es Fusteret) por conductas sexuales inapropiadas con menores, que explicó en cada caso con detalle. Añadió que en 2015 los técnicos advirtieron que habían aumentado en cinco años los casos de explotación sexual de menores tutelados y la Conselleria adoptó medidas dentro de sus competencias, algo que, según dijo, no hizo el PP. "No hay garantías de que no vuelva a pasar pero sí estructura para detectarlo y actuar", sostuvo Santiago respecto a lo ocurrido en los centros del Govern.