Expertos en tratar a menores piden la creación de un centro de protección cerrado en la isla para atender los casos más graves. No es una demanda nueva. Hace varios años que lo vienen proponiendo a la Administración y, de hecho, hasta el Consell competente en la protección y acogida de menores tutelados, se comprometió a abrir un centro de este tipo en 2018. Pero aún hoy no existe esta infraestructura.
A raíz del escándalo que ha estallado estos días por el aumento de casos de adolescentes que se fugan de los centros de acogida y son víctimas de explotación sexual, pocas han sido las soluciones o cambios que han planteado los especialistas.
Los operadores que a diario atienden a estos menores, caracterizados por una gran vulnerabilidad y un pasado traumático, coinciden en apostar por dotar a esta área de más recursos y un mayor control. "Los políticos no quieren invertir, no ponen dinero. Los menores conflictivos no les interesan", indican desde una ONG de la isla.
Educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, fiscales, jueces, policías y guardias civiles consideran prioritario destinar más medios humanos y materiales para hacer frente a este problema, que no es nuevo. Además, apelan a la corresponsabilidad de la sociedad y a la implicación colectiva, como ocurre por ejemplo con la lucha contra la violencia de género
Los expertos consultados por este diario ven necesario crear un centro de acogida cerrado para los menores más problemáticos. La ley contempla esta posibilidad y en otras comunidades autónomas ya funcionan. Son centros de protección, nada tienen que ver con los de reforma donde están internos los adolescentes que cumplen medidas judiciales porque han cometido un delito.
En los centros de protección cerrados se necesita que la Fiscalía de Menores se pronuncie en función de cada caso, así como contar con una resolución judicial. El centro de acogida cerrado sería la última opción para los adolescentes, pero al evaluar cada caso en concreto se ve que en ocasiones son la única posibilidad para garantizar su protección y seguridad. Así, por ejemplo puede ser una solución adecuada para casos de graves trastornos de conducta; ante reiteradas fugas de otros centros de acogida; si hay un consumo repetido de sustancias estupefacientes o bien ante indicioes de explotación sexual.
En 2017 la expresidenta del IMAS, anunció que en 2018 se abriría un centro cerrado para los casos más conflictivos, algo que no ha sucedido.
Un profesional que atiende a menores conflictivos desde hace años recuerda que alguna vez ha sido el propio adolescente el que ha pedido poder entrar en un centro cerrado al ser la única manera de sentirse más seguro. Al no existir esta opción, incluso alguno ha solicitado estar en un centro de reforma (donde están internos adolescentes con medidas judiciales por algún delito), una opción imposible.
Este profesional señala que muchas veces estos chavales son coaccionados, intimidados o captados por sus compañeros del mismo centro de acogida, por lo que no se sienten seguros en su entorno. Por este motivo, se les cambia de centro y pueden llegar a ser trasladados a la península.
El Consell trata de solventar este déficit con centros tutelados de "alta intensidad" que están ubicados en la Part Forana. No son centros cerrados, pero en ellos se extrema mucho más el control sobre los adolescentes tutelados, según reconoce un experto.
También hay voces del sector que no están de acuerdo con la creación de un centro de protección cerrado y defienden una fórmula mixta, un centro 'semicerrado' con un guardia de seguridad 24 horas (que pueda controlar quién entra y quién sale, además de ejercer una función disuasoria ante posibles fugas) y con salidas que sea realizan siempre con el acompañamiento del educador de referencia del menor.
Estas propuestas, cada una con sus matices, son demandas históricas de los profesionales que trabajan con estos menores, pero para salir adelante requerirían el apoyo de Fiscalía de Menores.
Pocas condenas
Los casos de menores tutelados por el Consell que son víctimas de explotación sexual son muy complejos de investigar a nivel policial y judicial. Es difícil que prosperen y tan solo unos pocos acaban en condena, según admite un agente especializado en la materia.
Lo mismo ocurre con adolescentes no son tutelados o por en las causas de trata, con las que existen ciertas similitudes.
Las víctimas son personas vulnerables que muchas veces no son conscientes de que la persona que las prostituye está cometiendo un delito. Suelen vivir en un entorno que no les garantiza la seguridad. A menudo son coaccionadas, intimidadas o incluso captadas por personas cercanas. Es un círculo que se va retroalimentando, señala un veterano magistrado.
Por ello, resulta muy difícil que las víctimas denuncien los hechos y aporten datos claros de los prostituidores y colaboradores. Si lo hacen y deciden romper su silencio, también es muy complejo que perdure su incriminación a lo largo de la instrucción y del proceso judicial.
Y, luego, una vez llega el juicio, se vuelven a enfrentar al horror pasado, con las dificultades y el trauma que ello comporta. Por último, no todos los casos acaban en condena y, si la hay, las penas suelen ser mínimas.
