La sentencia contra el decreto que regula la exigencia de catalán a los profesionales sanitarios tiene ahora en vilo a 3.500 trabajadores de Salud. El personal que accedió a su plaza con la norma en vigor teme que el fallo, que declara nulo el decreto con el que se convocaron sus oposiciones, pueda tener efecto en sus pruebas, dejándolas sin efecto. Salud evita pronunciarse a la espera de que sus servicios jurídicos valoren las consecuencias de la sentencia.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que declara nulo el decreto del Govern que exime a los profesionales de la sanidad pública del requisito del catalán para presentarse a las oposiciones y les da dos años para acreditarlo desde que acceden a su plaza, ha generado enorme inquietud entre los profesionales que accedieron a su plaza a través de las oposiciones convocadas con el decreto en vigor.

Del mismo modo que ya ha planteado el sindicato UGT, los profesionales incorporados a sus plazas desde la aprobación del decreto temen que la nulidad del decreto pueda cuestionar las oposiciones y las plazas obtenidas, cuando ya se han convocado las de las categorías más numerosas como enfermería. Un escenario que ha generado enorme inquietud e incertidumbre entre estos profesionales.

Según datos facilitados por la Conselleria de Salud, en los dos últimos años, se han convocado oposiciones de hasta 4.000 plazas de hasta 64 categorías diferentes y de las que ya se han adjudicado 3.457, mientras que otro medio millar están convocadas para este 2020. De esta manera, desde la entrada en vigor del decreto que regula el catalán en salud, han obtenido su plaza 3.500 trabajadores, que son los que se podrían ver afectados por la nulidad de la sentencia del Tribunal Superior de Balears.

Salud estudia el fallo

De momento, Salud, que tiene constancia de los nervios que ha suscitado entre los profesionales que han ido obteniendo plaza en los procesos de selección, evita pronunciarse al respecto a la espera de que sus servicios jurídicos valoren los efectos del fallo judicial y los argumentos para recurrir la sentencia. De recurrirse, los profesionales afectados podrán relajarse hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, cuya sentencia sobre el decreto de catalán ya sería firme.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB ha estimado el recurso presentado por el sindicato CSIF contra el decreto 8/2018 que establecía el nivel del conocimiento del catalán que los candidatos a una plaza estatutaria del Servei de Salut debían acreditar. El alto tribunal ha dictaminado que este decreto "no es conforme a Derecho" y, por tanto, lo declara nulo. Impone las costas del juicio a la CAIB aunque las limita a un máximo de dos mil euros y le recuerda que contra este fallo le cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo.

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